Es el caso de Molinos Río de la Plata, que sube 14 por ciento el precio de la yerba Chamigo, 4 por ciento el de Nobleza Gaucha y 15 por ciento el café Arlistán. A su vez, La Paulina anunció un incremento de 9,5 por ciento promedio en su línea de lácteos. La tibia gestión oficial para detener la escalada inflacionaria está siendo rebasada por la necesidad de las empresas de hacer caja ante la abrupta caída del consumo. En ese proceso, hasta los economistas afines al Gobierno presentaron pronósticos desalentadores respecto de la evolución de los precios en lo que queda del mandato de Mauricio Macri. Su proyección es que en los últimos siete meses de gestión de la actual administración la inflación no bajará del 2 por ciento mensual. Para abril, dato que el Indec publicará el próximo miércoles, esperan un alza del 4 por ciento. El Presidente deberá lograr la reelección si quiere tener revancha en esta materia, donde el fracaso es más evidente por las expectativas que había creado Cambiemos antes de alcanzar el poder.

El piso de  inflación de 2 por ciento mensual hasta fin de año forma parte de los pronósticos que publicó el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En el informe de este mes, un total de 51 bancos, universidades y economistas de la city porteña estiman que en el trimestre en curso la inflación promediará 3,2 por ciento mensual, en el tercer trimestre quedará en 2,3 por ciento mensual y en el último, entre octubre y diciembre, arrojará 2,1 por ciento en promedio por mes. El IPC nacional de 2019 marcará entonces un alza del 40,5 por ciento, 4,5 puntos más que lo previsto en la encuesta anterior. Entre los participantes de la compulsa de la autoridad monetaria figuran consultores como Miguel Angel Broda, Eduardo Levy Yeyati, Roberto Frenkel, Martín Redrado, Miguel Kiguel, Orlando Ferreres y Federico Furiase, bancos como el HSBC, JP Morgan, Merrill Lynch, Santander Río, BBVA Francés y Galicia, y entidades como FIEL, Abeceb, Puente y Libertad y Progreso.

La última vez que la medición de la inflación por parte del Indec empezó con 1 fue en enero de 2018, cuando arrojó 1,8 por ciento. Desde entonces y hasta fin de año, si se cumplen los cálculos de esos economistas y bancos, que suelen ser moderados en relación a lo que después ocurre en la realidad, se encadenarán 23 meses consecutivos con aumentos superiores al 2 por ciento por mes. Es el peor registro desde la hiperinflación de 1990, 29 años atrás. En el total del gobierno de Macri, en tanto, serán 35 meses con inflación de 2 por ciento o más por mes y solo 13 por debajo de ese umbral.

Una de las razones fundamentales de la estampida inflacionaria es la inestabilidad del tipo de cambio, que resultó un factor casi permanente desde diciembre de 2015. Para el último tramo de la gestión, el Gobierno y el FMI se pusieron como modesto objetivo no sufrir nuevas embestidas en la cotización del dólar. Sin embargo, como dejaron abiertos todos los canales para la fuga de divisas, la posibilidad de cumplir esa meta dependerá del humor de los mercados y de la confianza que logren recrear entre los ahorristas. Es una apuesta de alto riesgo. Las estadísticas del BCRA muestran que en las últimas semanas se aceleró la salida de capitales especulativos y empezó un proceso de cancelación de plazos fijos en pesos para orientarse a la compra de dólares. Por ahora ese desplazamiento ocurre sin prisa pero sin pausa. La incapacidad del oficialismo para asegurar que no se le escapará el dólar, las tensiones en los mercados internacionales y los movimientos políticos de cara al proceso electoral configuran un escenario en el cual lo más probable es que la adquisición de divisas se intensifique y el valor del billete verde tienda a subir.

Así lo expone el último documento de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico (FIDE), que dirige Mercedes Marcó del Pont: “Desde nuestro punto de vista, la crisis es cambiaria, no financiera (…) No se puede ignorar que los dólares no alcanzan, ni alcanzarán, para pagar la deuda, garantizar los depósitos en moneda extranjera, cubrir el desequilibrio de cuenta corriente y además financiar la fuga”. Por lo tanto, las presiones para una mayor devaluación serán cada vez graves. “A nuestro juicio, los plazos fijos del sector privado constituyen el colchón de excedente en pesos que puede ejercer el mayor impacto desestabilizador sobre el mercado de cambios”, advierte. En ese sentido, puntualiza que el 94 por ciento de esas colocaciones, equivalentes a más de 24.000 millones de dólares, vencen antes de las elecciones presidenciales de octubre. ¿Qué harán los ahorristas, renovar esos depósitos en moneda nacional o pasarse a dólares hasta que termine de definirse el nuevo presidente? El 66 por ciento de ese stock, a su vez, tiene vencimiento en los próximos 60 días. Es decir que los titulares de plazos fijos en pesos por el equivalente a 16.000 millones de dólares deberán decidir en el transcurso de los próximos dos meses si permanecen en esa moneda, apostando a las altísimas tasas de interés, u optan por el camino más conservador de refugiarse en la compra de dólares. El 60 por ciento de esa cifra, unos 9500 millones de dólares, se encuentra en manos de personas físicas, en tanto que el resto corresponde a plazos fijos de empresas.

La veloz caída de las reservas del Banco Central no ayuda a mejorar las expectativas en el frente cambiario. En el último mes bajaron nada menos que 9370 millones de dólares. Es un monto que estremece por la velocidad con que se están yendo las divisas del crédito del Fondo Monetario para cubrir vencimientos de deuda y financiar la fuga de capitales. El próximo gobierno quedará con la obligación de devolver el préstamo al FMI pero los dólares ya se habrán esfumado de las arcas del Banco Central. El 9 de abril, cuando ingresó el último tramo del Stand-By del FMI, por 10.800 millones de dólares, las reservas llegaron al record de 77.481 millones. Ayer finalizaron en 68.111 millones.

Contrastar esas cifras con las proyecciones oficiales expone las dudas que crecen en el mercado. “A nuestro juicio, carece de fundamento la hipótesis planteada por el ministro de Economía cuando dejó saber que, de acuerdo a sus estimaciones, la fuga proyectada de aquí a fin de año sumaría unos 7000 millones de dólares. Para tener una idea de la brecha entre esa estimación y la realidad es bueno recordar que durante el primer trimestre del año la compra de dólares para atesoramiento ascendió, en términos netos, a 4695 millones”, confronta el informe de FIDE.

Precios que no paran y dólar inestable dan forma a una realidad que el Gobierno no ha podido modificar en tres años y medio. Esperar una mejora en el tramo final de la gestión, sin cambios en las políticas que provocaron la crisis, supone apenas una muestra de voluntarismo.