La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal concedió ayer, lunes, la prórroga de seis meses que le solicitara el titular del Juzgado Federal Nº 6, Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la investigación del atentado a la AMIA, en base a un dictamen de los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini y en el marco del incidente CFP 8566/1996/3/CA101 “Etcheverry, Horacio s/prórroga (art. 207 CPPN)”, iniciado por la Agrupación 18J de familiares de víctimas.
No obstante, los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah -Eduardo Freiler está excusado- subrayaron que “la intensificación de (sus) esfuerzos no resulta óbice para destacar la constante preocupación de este Tribunal” a fin de “arbitrar todos los medios necesarios” para “otorgar una respuesta que defina, en el menor tiempo posible, la situación” de los imputados iraníes.
“Particularmente, y en consonancia con lo ordenado por este Tribunal en el pronunciamiento emitido el 15 de mayo de 2014, en el marco de la causa CFP 3184/2013/CA1, caratulada ‘AMIA s/ Amparo-Ley 16.986’, una vez más corresponde instar al magistrado interviniente- y a los acusadores públicos por su intermedio- a fin de que en el plazo durante el cual será concedida la prórroga se concrete la reiteración por vía diplomática al Gobierno de la República Islámica de Irán, en un único, preciso y pormenorizado pedido, de las solicitudes de extradición y cooperación judicial que fueran formuladas a lo largo del trámite de la causa”, ordenaron en referencia a la acción oportunamente iniciada por la AMIA y la DAIA contra el ya fenecido Memorándum de Entendimiento.
“La tarea encomendada busca advertir que todas ellas encuentran su origen en un único y complejo proceso, respaldado por un importante caudal probatorio”, destacaron los camaristas.
“A su vez, de conformidad con lo dispuesto por este Tribunal en el punto 3.b) del decisorio del 15 de mayo de 2014, corresponde remarcar la necesidad de que sean arbitrados todos los medios indispensables a fin de que Interpol reevalúe las solicitudes de difusión roja allí detalladas y expida un nuevo informe con relación a cada una de ellas, sin perjuicio de las respuestas brindadas por la Asamblea General de INTERPOL, por el Comité Ejecutivo y por la Oficina de Asuntos Jurídicos de ese organismo en 2007 y 2011”, insistieron.
“Por último, urge compeler al juez de grado -y a los titulares de la acción penal pública por su intermedio- a realizar y poner en conocimiento de este Tribunal un informe detallado y pormenorizado acerca de las diligencias que la Organización Policial Internacional ha realizado dirigidas a averiguar el paradero de los imputados y a hacer efectivas las capturas dispuestas, más allá de lo que implica su mera anotación y/o difusión, tal como también fuera ordenado en aquella resolución”, finalizaron Ballestero y Farah.
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