Julio Schlosser, presidente de la DAIA, y Leonardo Jmelnitzky, su par de la AMIA, pidieron ayer a la Cámara Nacional de Casación Penal que el juez Luis María Cabral, desplazado por la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura, vote el martes en la causa por la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA.
Sin embargo, Ana Figueroa, titular de Casación Penal, le tomó juramento de apuro el jueves por la noche al juez suplente Claudio Vázquez, ex asesor del ministro de Justicia, Julio Alak. Con el desplazamiento de Cabral, el Gobierno evitó por ahora que el pacto con Irán fuera considerado inconstitucional por dos votos (Cabral y Gemignani) y uno en contra (Figueroa), según fuentes judiciales.
Como el voto de Cabral fue guardado el lunes en un sobre lacrado en una caja fuerte de la secretaría del tribunal, junto con el de Juan Gemignani -otro de los miembros-, habrá una discusión jurídica sobre el pedido de la AMIA y la DAIA que se suma al del fiscal de la Cámara de Casación, Raúl Pleé. En el escrito los titulares de las entidades judías expresaron que por la remoción de Cabral “veríase seriamente afectada la garantía del juez natural en este proceso, que ya se encuentra con todos los requisitos formales y sustanciales para ser definido, en esta instancia casatoria”. Además, argumentaron que Cabral “ha participado de todo el proceso en esta instancia, especialmente en la audiencia respectiva, y por tanto es quien, junto con los otros dos magistrados en ella presente, debe resolver el caso”.
Luego advirtieron que “de lo contrario, se vería seriamente afectada la garantía invocada, (del juez natural) pues se estaría apartando a uno de los miembros del Tribunal regularmente constituido, suplantándolo por otro cuya designación aparece, cuanto menos, seriamente cuestionada en cuanto a su oportunidad”. También hicieron referencia a la entrega de los votos de Cabral y Gemignani a la secretaría de la sala, pidieron que se respete la audiencia fijada para el martes “para dar lectura al fallo” y aseguraron que insistirán con el reclamo ante la Corte Suprema. De ese modo, las entidades de la comunidad judía respaldaron la resistencia de Cabral a su remoción. El propio juez desplazado insistió ayer en que su “remoción es ilegal e inconstitucional” y que presentará un amparo ante la Justicia. Acusó a la mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura de “manipular el funcionamiento de la Justicia”.
Vázquez fue designado con el voto de los diputados oficialistas Anabel Fernández Sagasti y Héctor Recalde, los senadores Pablo González y Ruperto Godoy, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez, y dos aliados: el académico Jorge Candis y la jueza Gabriela Vázquez. “Es una remoción que la ley prohíbe expresamente porque mi designación fue hecha, a condición de que se nombre al titular de la vacante que estoy cubriendo”, dijo Cabral a radio Mitre. La maniobra del kirchnerismo generó una fuerte repercusión, que incluyó el fuerte repudio de referentes de la oposición, denuncias de Elisa Carrió y Patricia Bullrich, entre otros dirigentes, y también rechazos de sectores judiciales y empresarios. La intervención del Consejo se concretó luego de que Figueroa presentara una nota sobre el vencimiento de las subrogancias. A su vez, la titular de la sala II suspendió la audiencia a la que habían sido convocadas las partes y postergó así el fallo que el tribunal tenía previsto emitir esa semana -convocó para el próximo martes- sobre la constitucionalidad del pacto con Irán, denunciado por la AMIA y la DAIA y al que se opuso desde 2013 el fiscal Alberto Nisman.
“Si se mantuviera la fecha del martes próximo como día de sentencia, y el nuevo integrante votara a favor de la constitucionalidad de la ley que homologó el memorandum de entendimiento (sólo así se entendería toda una preocupante y veloz maniobra) cabría esperar que el fiscal Plée con sobrados argumentos –de fondo y de forma- articulara un recurso extraordinario y así poder llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explicó el abogado Ricardo Monner Sans a Clarín.
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