Alimenticias esperan convocatoria oficial con expectativa menguada

Alimenticias esperan convocatoria oficial con expectativa menguada

Las empresas asistirán la semana próxima a la primera ronda de discusiones sobre un acuerdo de precios. Pero consideran "inoportuna" la imputación a 11 firmas acusadas por desabastecimiento.

Las empresas alimenticias están a la espera de una convocatoria formal para participar la semana próxima de una nueva reunión para hablar de un acuerdo de precios con funcionarios del Gobierno. Sin embargo, las principales empresas del sector llegarán a ese encuentro con las expectativas menguadas por lo que consideran una “medida inoportuna”. Se refieren así a la imputación que anteayer les hizo la Secretaría de Comercio Interior por supuesto incumplimiento de los compromisos de producción y abastecimiento de productos de primera necesidad.

Hasta ayer a la tarde, las compañías que consultó Ámbito aseguraron no haber recibido la convocatoria. “Nos enteramos por lo que dijo (el ministro de Producción, Matías) Kulfas a los medios. Así también nos enteramos de la imputación”, dijeron en una de las 11 firmas involucradas en la denuncia oficial, aunque varias ya habían comenzado a recibir la notificación y a partir de ese momento corre el plazo de cinco días para hacer el descargo. Las empresas alcanzadas por la medida que aplicó la Secretaría que comanda Paula Español son Mastellone, Fargo, Aceitera General Deheza, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, Procter & Gamble, Paladini y Potigian.

La imputación llegó justo antes de la nueva reunión prevista para la semana que viene. Entre las empresas el criterio que predominó fue no hacer declaraciones sobre el impacto de la medida. En una de ellas sólo dijeron que “si bien no fue una medida oportuna, lo que prima siempre es la voluntad del diálogo”.

Frente a las consultas de este diario, una respuesta común de los voceros fue tomar en cuenta las declaraciones que vino formulando en las últimas 48 horas Daniel Funes de Rioja, el presidente de la entidad que agrupa a las empresas del sector: la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). El dirigente empresarial hizo algunas apariciones radiales y lanzó varias frases que fueron las más referidas por las fuentes de las compañías.

“Estas intimaciones cayeron muy mal, con costos incrementados más de un 30%-35% y precios congelados”, explicó Funes de Rioja. Según su cálculo, cumplir con los protocolos sanitarios de prevención para poder mantener la producción durante la cuarentena “fue de entre 20 y 25%”.

Al enumerar el desempeño durante la pandemia, destacó: “Las empresas siguieron abasteciendo a pesar del personal licenciado, los problemas logísticos, la huelga de aceiteros, el corte de 15 días de camioneros, los feriados, las vacaciones del personal y las paradas de planta por mantenimiento”.

Funes también sostuvo que “hay insumos que han variado desde el 40 al 90 por ciento y el costo de la logística nacional subió un 35 por ciento”.

De todos modos, el frente empresario tampoco parece tan monolítico como se muestra. En una de las empresas, aclararon que si bien la postura del presidente de COPAL los representa, “hay que tener en cuenta que a cada empresa el zapato le aprieta de manera diferente”. En el sector se agrupan compañías multinacionales, otras de origen local, algunas con flota de distribución propia y otras que las tercerizan, otras tienen un uso de mano de obra más intensivo que otras, por ejemplo. Por eso, algunas tienen más interés que otras en avanzar sobre el objetivo de la próxima reunión con el Gobierno, ya que según anticipó el ministro Kulfas participará toda la cadena de productores de alimentos en el país y ser analizará la conformación de precios de las distintas cadenas de valor. Y allí podrían emerger conflictos entre privados.

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