Las autoridades birmanas “han creado de forma deliberada campos de detención para hacer que su vida sea insoportable”, subraya HRW, según informó el diario, El País.

Los rohingyas, una minoría musulmana que Myanmar no reconoce, llevan años siendo perseguidos en el país budista; el punto álgido de las tensiones ocurrido entre agosto y septiembre de 2017, cuando alrededor de 700.000 huyeron al vecino Bangladés a raíz de lo que la ONU calificó de un “intento de genocidio”.

“El Gobierno está dispuesto a dejar a los rohingyas pudrirse en estos campos”, denunció Phil Robertson, subdirector de HRW Asia, durante la presentación del informe en Bangkok, resultado de dos años de investigaciones.

Según la organización de derechos humanos, las autoridades birmanas confinan desde 2012 a alrededor de 130.000 rohingyas en campos “miserables” bajo la “fachada” de ser instalaciones para desplazados internos.

Docenas de entrevistados por HRW, que basa el informe en más de 60 testimonios de rohingyas, miembros de la minoría kaman (igualmente musulmana) y trabajadores humanitarios, además de un centenar de documentos internos del Gobierno birmano, la ONU y varias ONG, describen la vida en hasta 24 campos como un “arresto domiciliario”.