Sergio Rubin

Aunque era algo esperado en la Iglesia, la formalización ante la Asamblea Legislativa del envío de un proyecto de legalización del aborto por parte del presidente Alberto Fernández cayó especialmente mal entre los obispos por el énfasis que puso el primer mandatario y los argumentos que expuso para justificarlo.

Es que Fernández –dicen en medios eclesiásticos- en un tono vibrante acusó indirectamente de “hipócritas” a los que se oponen a la iniciativa legal porque “es una realidad que existe”, como si no hubiera otras cuestiones objetables que también son parte de la realidad y no por ello deben ser legalizadas.

Y porque -añaden- consideró al aborto como “un derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo”, yendo más allá de que se trata de una cuestión de salud pública porque “muchas mujeres pobres mueren en abortos clandestinos”, y negando que existe una vida en gestación a salvaguardar.

El malestar también se profundizó por el hecho de que en el mismo discurso el presidente elogió el respaldo del Papa Francisco al criterio del Gobierno de que el pago de la deuda externa no debe condenar a la población a sacrificios insoportables y a la vez anunció el envío del proyecto.

Es cierto que los obispos valoran el proyecto complementario que anunció simultáneamente el presidente de asistencia alimentaria para los primeros mil días a la mujer vulnerable que quiere seguir con su embarazo, pero subrayan que ello no aminora su oposición a la legalización del aborto.

Un tema no menor será el contenido del proyecto que, según dijo Fernández, estará listo en diez días. Qué dirá, por caso, sobre el lapso para la interrupción del embarazo. Y si respetará la objeción de conciencia a la que apelen médicos para no hacer el aborto, aunque sean los únicos a mano, y la institucional (de las clínicas).

De todas formas, los obispos no consideraron necesario por ahora emitir una declaración y si ratificar la misa en Luján del domingo próximo –Día de la Mujer-, que se oficiará bajo el lema “Si a las mujeres, si a la vida” y que constituye el inicio de la campaña de la Iglesia para oponerse a la iniciativa.

Los prelados no quieren entrar en una escalada con el Gobierno, sino centrarse en “la defensa de la vida desde la concepción”, sabiendo que si abrazan una posición muy dura el efecto puede ser contraproducente. Ni politizar la controversia, ni hacer terrorismo verbal, sería la consigna episcopal.

Consideran, además, que -pese a la impresión que se intenta instalar de una masiva aceptación del proyecto- las encuestas sobre el tema cuanto menos están parejas. Y que si bien en la zona metropolitana la opinión favorable a la legalización es mayoritaria, en el interior lo es la contraria.

Por lo demás, creen que al igual que ante el anterior proyecto, la Cámara de Diputados podría aprobar este, pero que el Senado podría volver a rechazarlo ya que si bien terminaron su mandato varios senadores celestes y entraron otros verdes, también ingresó algún que otro celeste.

Desde esa visión, el final está abierto.