Un mes después de su aprobación en la Legislatura, la Gobernadora María Eugenia Vidal promulgó la ley que prevé una reducción de impuestos en las tarifas de luz y agua. En efecto, el proyecto preveía quitar las contribuciones a los municipios en las facturas de ambos servicios.

Para el caso de las tarifas eléctricas, “cada municipio podrá aplicar a la distribuidora correspondiente, conforme a la normativa local, todo gravamen o derecho municipal que corresponda, los que en total no podrán exceder el seis por ciento de las entradas brutas de la distribuidora, netas de impuestos, recaudadas en su jurisdicción por la venta de energía eléctrica con excepción de las correspondientes por suministros para alumbrado público”, reza el artículo modificado. 

En  tanto, para el servicio de agua potable y cloacas, el gravamen no podrá exceder el cuatro por ciento.

Cabe recordar que el mencionado proyecto del Ejecutivo generó una fuerte disputa con los intendentes, tanto de la oposición como del oficialismo, aunque estos últimos patalearan en voz baja.

Pero luego de intensas negociaciones contrarreloj y a menos de 24 horas de votarse el proyecto, Cambiemos y buena parte de la oposición acordó realizar modificaciones al texto original del Ejecutivo, con lo cual el bloque oficialista cerró un acuerdo con los intendentes dialoguistas del PJ y el Frente Renovador para que la iniciativa tenga consenso y la reducción de impuestos sobre las tarifas se haga efectiva.

La polémica se inició cuando Vidal mandó el proyecto que reducía el impuesto que las eléctricas le cobraban a los usuarios del 6 por ciento al 0,01 por ciento sobre el consumo, y que iba destinado a los municipios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la ley 11.769, que regula el sistema eléctrico en la Provincia.

Ante el dinero que iban a perder, y luego de que la iniciativa pasara la votación del Senado, con el único acompañamiento de Cambiemos, los jefes comunales comenzaron a negociar con Diputados en busca de una salida que permitiera reducir las tarifas y, a la vez no afectar tanto las cuentas municipales.

El punto de encuentro, al que se llegó en la tarde de este jueves fue directamente eliminar el artículo 75. Si se mantenía esa carga, aunque fuere en el 0,01%, los municipios quedaban inhabilitados de crear tasas que gravaran el mismo servicio, y con ello quedaban imposibilitados de  tener algún recupero del dinero que perdían por la rebaja del impuesto, que es el que se les cobra a las empresas por el uso del espacio público y que estas cargan al usuario.