La Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFIPAMI) denunció ayer al ex director de la UGL XXIII de Formosa, Victor Fernández; al ex interventor del Departamento de Prestaciones Sociales de esa UGL, Ramón Rolando Palavecino, y al asesor jurídico Maximiliano López quienes se habrían apoderado de unos 8 millones de pesos que debían ser destinados a afiliados al PAMI afectados por catástrofes naturales en las localidades de ciudad de Formosa, Clorinda y Tres Lagunas y subsidios de miniturismo y Prosar (de auxilio para situaciones socio-sanitarias), durante entre 2010 y 2015.

El fiscal titular de la UFIPAMI, Javier Arzubi Calvo, detalló en su escrito presentado en la Fiscalía Federal N°1 de la ciudad de Formosa que las maniobras consistían en retener una parte de los fondos, haciendo firmar a los beneficiarios un documento en blanco por solamente una parte del dinero. Lo mismo hacía con el programa Auxiliar Gerontológico Domiciliario, que era adjudicado a personas que no requerían asistencia y por quienes no se formaban los expedientes administrativos correspondientes.

Fernández y Palavecino habrían sido quienes impartían las órdenes a dos de sus empleados de mayor confianza, quienes las hacían cumplir bajo amenaza a otros trabajadores de realizar actas de incumplimiento. A su vez, eran los trabajadores sociales quienes debían firmar informes en los que se daba de la necesidad de que los afiliados recibieran los subsidios.

La misma operatoria se habría replicado en los auxilios económicos conocidos como PASU, que son los que se otorgan por orden del Director Ejecutivo en efectivo a pedido de cada beneficiario y obviamente cuando tenían una necesidad específica que no podían cubrir de ninguna otra forma.

Los ex funcionarios también habrían manipulado los fondos destinados a cinco centros de jubilados para miniturismo. Según la denuncia de la UFIPAMI, por cada 10 viajes hacia el circuito de la Costanera de la Ciudad de Formosa que se facturaban, solamente se concretaban dos en promedio.

De la investigación preliminar llevada a cabo por el equipo encabezado por el fiscal Arzubi Calvo, se estableció que los denunciados, abusando de sus funciones, habrían administrado ilegítimamente los fondos de la obra social nacional, apropiándose de los mismos para fines aún desconocidos, que debían se aplicados para alcanzar los objetivos establecidos por el artículo 2 de la ley N°19032, de creación del INSSJyP, arrojando en consecuencia un perjuicio al PAMI de más de $8.000.000.

Contra esta misma administración, la UFIPAMI ya había realizado otra presentación por irregularidades en la contratación y pago a los hoteles destinados a alojar afiliados pertenecientes a los pueblos originarios, hecho por el cual ya están procesados. Fuente Chaco Hoy