“Separación" entre Iglesia y Estado: ¿Queda mucho por hacer?

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El concordato de 1966 acabó en lo formal con la injerencia del Estado en la designación de los obispos y estableció los principios de “autonomía y cooperación”. Sostenimiento del culto católico, uno de los temas pendientes. El análisis de Sergio Rubin.

Para no pocos partidarios de la legalización del aborto, el papel de la Iglesia católica -entendida como su clero- fue clave para que el Senado termine rechazando el proyecto, ya que -dicen- quiso imponer un “dogma” a toda la sociedad. Por eso, no faltaron quienes salieron a pedir la “separación” entre la Iglesia y el Estado.

Acaso el más conspicuo exponente de esa demanda fue el senador Miguel Angel Pichetto, jefe de la bancada peronista, quien en su encendida intervención el día de la votación acusó a las religiones de “jugar con la inocencia de la gente” y ser “estructuras caducas” que traban la “modernización” del país.

Ahora bien: ¿De qué hablamos cuando hablamos de separación entre la Iglesia y el Estado? Para el ex presidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), el abogado Juan Navarro Floria, esa separación “se produjo hace tiempo” y se plasmó en un concordato con el Vaticano.

Aquel concordato, suscripto en 1966, acabó en lo formal -en los hechos ya había ocurrido- con la injerencia del Estado en la designación de los obispos y estableció los principios de “autonomía y cooperación” para regir las relaciones Iglesia–Estado.

Se mantuvo, sí, el “sostenimiento” del culto católico, establecido en la Constitución, la exigencia de que el presidente de la Nación sea católico y la conversión de los indígenas. Las dos últimas cuestiones fueron suprimidas en la reforma constitucional de 1994.

Con respecto al sostenimiento, lo que en realidad hace el Estado es un aporte mensual a los obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos que, en total, representa menos del 10 % del presupuesto total que maneja la Iglesia para su funcionamiento.

Con todo, existe en medios eclesiásticos un acuerdo cada vez más extendido de que ello constituye una rémora y que los obispos deberían renunciar a ese aporte. Hace años que están estudiando mecanismos para su completo financiamiento, que lleva ya demasiado tiempo.

En cuanto al aporte del Estado a los colegios, corresponde a los de todas las religiones y se basa en el principio de que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. El aporte -que es sólo para la planta docente- está en función del nivel de la cuota.

Con respecto a los Tedeum en fechas patrias, no son una imposición de la Iglesia, sino un pedido del gobierno de turno. Por lo demás, la secretaría de Culto de la Nación tiene consensuado un proyecto que prácticamente equipara con la católica a las demás religiones.

Así las cosas, no quedaría mucho por hacer en materia de “separación”. En todo caso, habría que ver provincia por provincia. Pero la “separación” no implicaría que la Iglesia pierda su grado de influencia, mucha o poca.

Para ello hace falta un proceso cultural de lo que se llama “secularismo”, que implica relegar lo religioso al templo, que tiene gran éxito en Europa. Pero ninguna religión fue creada para ser vivida entre cuatro paredes.

Por eso, no parece que sería útil la “separación” Iglesia-Estado si se quiere disminuir la influencia de la Iglesia. Máxime si se trata de cuestiones como el aborto, que los católicos consideran ante todo una cuestión moral.

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