En el Senado, los empresarios pidieron cambios al proyecto anticorrupción que votó la Cámara baja

En el Senado, los empresarios pidieron cambios al proyecto anticorrupción que votó la Cámara baja

Directivos de diversas entidades expusieron en la Comisión de Justicia. Advirtieron que el texto desalienta la inversión. 

Representantes de las cámaras empresarias coincidieron ayer en reclamar que el Senado le introduzca profundas modificaciones al proyecto de ley de responsabilidad empresaria aprobado en una convulsionada sesión de la Cámara de Diputados, un mes atrás.

En una nueva audiencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), consideró que es necesario que la ley “sea sancionada cuanto antes”, al considerar que “es un instrumento necesario para la relación del país con el mundo”. Aunque objetó diversos artículos incluidos de la media sanción, entre ellos el primero, donde se amplió la tipificación que se establecía en el texto original del Ejecutivo (habló de “falta de precisión”) y el que fija la impescriptibilidad de los delitos de corrupción, que impuso el massismo.

Además, pidió volver al texto original enviado por el Poder Ejecutivo en temas como la eximición de responsabilidad en los casos de aplicación de un programa de integridad y en el carácter “subjetivo” de la norma, en lugar de la visión “objetiva” que se aprobó, al establecerse sanciones a la empresa por delitos de empleados o de firmas bajo su control. En estos temas coincidieron el resto de los expositores, así como en el pedido para “reducir la proporcionalidad de las penas” que establece la norma para casos de corrupción.

El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo para cumplir con las exigencias de la OCDE (organismo económico motorizado por los países desarrollados) sobre persecución de los delitos de soborno trasnacionales. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, defendió la semana pasada en el Senado el texto original, incluyendo la “cláusula Odebrecht” que quitó la Cámara baja, por la cual se permitía que el mecanismo de “colaborador eficaz” que conserva el proyecto pueda aplicarse hacia atrás por la “vía administrativa”.

En la audiencia de ayer, el titular de la Asociación de Bancos de la Argentinos (ABA), Claudio Cesario, sostuvo que el texto aprobado en Diputados “castiga a las grandes empresas, desalentando la inversión y la creación de empleo. No corresponde tener un régimen para grandes empresas y otro para pequeñas, porque se crean atajos para delinquir”. Y agregó: “En esta materia, no hay que inventar nada nuevo, sino adaptar las leyes que funcionan bien en el mundo y que simplemente los organismos de contralor los apliquen”.

En tanto, Alejandro Díaz, de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, subrayó que mediante el texto “muchos de los objetivos que estaban planificados no se están cumpliendo”, en referencia al incentivo a las inversiones. El secretario de la Cámara Argentina de la Construcción, Julio César Crivelli, expresó que la normativa “es imprescindible para Argentina se integre al mundo”, aunque advirtió que debe haber “coordinación con la Ley Penal Tributaria y la Ley Aduanera”.

María Elena Casasnovas, de Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), consideró que Diputados “desarticuló” el proyecto: “Hay que tipificar los delitos, porque si no estaríamos hablando de una reforma amplia del Código Procesal Penal”, enfatizó. El presidente de IDEA, Javier Goñi, pidió modificar los puntos que podrían generar “competencia desleal o desinversión”.

En la reunión expusieron además el abogado Jorge Valerga Aráoz, por la Cámara Argentina de la Construcción y Carlos Rozen, de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, entre otros directivos.

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