La Cámara de Senadores convirtió este miércoles en ley un proyecto para declarar de "utilidad pública" y, sujeto a expropiaciones, las tierras en las que se asientan 4.416 villas de emergencia, asentamientos y otros barrios populares, con el objetivo de entregarles a sus habitantes, unos 935.000, los certificados de vivienda familiar.

El proyecto -que era muy visto por la Iglesia, que a través de Cáritas lo respaldaba- fue aprobado sin debate y respaldado por 56 votos a favor y cuatro en contra: los dos peronistas de La Pampa y los dos peronistas de Formosa. Tras su sanción, fuentes eclesiásticas dejron trascender su satisfacción.

La iniciativa, impulsada originalmente por el Ministerio de Desarrollo Social, suspende los desalojos por 4 años y establece que un porcentaje de las obras de urbanización quede en manos de cooperativas de trabajadores.

Cáritas Argentina, días previos a su sanción, consideró importante que se apruebe la iniciativa que establece el Régimen de Integración Socio-Urbana y Regularización Dominial (ReNaBaP).

La organización caritativa de la Iglesia destacó que la nueva legislación “sentará las bases necesarias para generar procesos de regularización dominial e integración urbana, y muchas personas y familias–especialmente los más empobrecidos– puedan acceder a los derechos básicos de tener tierra y techo”.

“La ley suspende los desalojos por 4 años y establece que el 25% de las obras a realizarse sea a través de cooperativas de trabajo”, recordó en un comunicado.

La Iglesia apoyó institucionalmente la iniciativa desde sus inicios en 2016, siendo testigo de “la gran tarea de relevamiento de todas las villas y asentamientos del país por organizaciones y movimientos sociales en un proceso de trabajo conjunto con el Estado”, apuntó Cáritas.

“Nos impulsó la convicción de estar alentando una construcción en la línea del bien común, con base en la justicia y la dignidad”, destacaba el organismo.

De acuerdo al texto, el expropiador será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que en conjunto con el Ministerio de Desarrollo deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de transferir los bienes inmuebles.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, sostuvo el jueves que la aprobación de la ley vino a “saldar una deuda histórica” que beneficiará “a más de cuatro millones de personas” y señaló que se estudian “líneas de crédito para que la vivienda propia sea una realidad”.