La misma comenzará con la resolución de los magistrados, que seguramente rechazarán todos los planteos defensistas, ya que de no ser así la continuidad del debate se vería entre comprometida y condicionada en mayor o menor medida.

Acto seguido, Gorini invitará a los imputados a prestar declaración indagatoria, a lo cual éstos pueden acceder o negarse, sin que ello constituya indicio negativo en su contra.

Y aun si aceptaran hablar, podrían negarse a responder preguntas o acceder solo a las del tribunal o las partes que consideren legitimadas, en virtud de los cuestionamientos que realizaran al momento de las cuestiones preliminares.

En cambio, si se negaran a declarar, se leerían sus dichos en la instrucción que condujo el juez Ariel Lijo.

Los jueces decidirán en qué orden se producirán las comparecencias, que no se completarán en el día de mañana, pero la principal incógnita es si el ex presidente Carlos Menem concurrirá a la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 o seguirá “asistiendo” al juicio por videoconferencia, lo cual ha despertado las protestas de la Fiscalía y varias querellas e incluso el pedido de que fuera revisado por una junta médica compuesta por peritos de la Corte Suprema y de algunas de las partes.

Para ausentarse, el ex mandatario adujo un agravamiento de su cuadro de hipertensión, diabetes, esclerosis, artrosis y depresión.

Otros acusados con problemas de salud y cuya declaración también es incierta son los ex titular y subsecretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchézar, respectivamente.

Respecto de las cuestiones preliminares, los acusadores insistieron con la declaración de ciertos testigos sobre la cual el tribunal todavía no se expidió, mientras que las defensas cuestionaron la legitimidad de varios querellantes y pidieron la nulidad total o parcial de los resúmenes de los requerimientos de elevación a juicio, entre otros planteos.

De ellos, el más resonante fue el de Omar Daer, el abogado de Menem, quien condicionó la declaración de su defendido al levantamiento de una presunta obligación de guardar secretos de Estado por parte del Congreso, ya que es senador, porque sus dichos “podrían afectar las relaciones y la convivencia pacífica con otros países”, en virtud de que oportunamente pidió la colaboración de servicios de inteligencia extranjeros, como el MI6, la CIA, el Mossad y el de Brasil.

Todos los reclamos defensistas fueron unánimemente rechazados por los acusadores.

El juicio reúne dos causas principales: el pago ilegal de 400.000 dólares de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al imputado Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, con el aval del juez, para que acusara falsamente a un grupo de policías bonaerenses, y por otro lado, la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado con el Presidente de entonces y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habría cometido el magistrado y los fiscales.

Por ambos hechos están imputados el entonces juez Juan José Galeano, Anzorreguy y Anchézar.

En tanto, por el pago también están acusados los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex espía Patricio Finnen y el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja, además de Telleldín, su ex mujer Ana María Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, y por el otro, Menem y los ex comisarios inspectores de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda.

Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.

Más adelante comenzará la declaración de los 140 testigos, entre quienes se encuentran familiares de víctimas, los ex policías, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación de Galeano, el espía prófugo Antonio Stiuso y el ex secretario de Galeano Claudio Liftschitz, quien reveló el encubrimiento, pero no el papa Francisco, Jorge Bergoglio, propuesto como testigo “de concepto” (para hablar bien de ellos como personas) por Mullen y Barbaccia.

La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal Nº 3, el mismo que había actuado en el juicio de 2001, en el que todos los acusados resultaron absueltos y que la Corte Suprema anuló parcialmente, así que volvió a sortearse.