Por Macarena Alurralde* 

- En las últimas horas ha trascendido extraoficialmente que se habría llevado adelante una práctica de aborto en el Hospital Público Bernardino Rivadavia, de la Ciudad de Buenos Aires, invocando como justificativo de ello, un supuesto caso de aborto no punible. 

Una semana atrás, organizaciones pro vida tomaron conocimiento de la existencia de una mujer embarazada internada en dicho centro de salud, a quien se le practicaría un aborto. Trascendidos extraoficiales permitieron saber que no se trataba de una menor de edad, que no había habido violación y que no se encontraba en riesgo la vida de la madre. Ello indica que no sería un supuesto de aborto no punible. 

Como consecuencia, se realizaron sendas denuncias en el fuero penal, se interpuso una acción de amparo con medida cautelar solicitando a la justicia que impida al Poder Ejecutivo local avanzar con el crimen, hasta tanto el magistrado interviniente pudiera acceder a la información necesaria para dictar la sentencia que corresponda. Además grupos confesionales estuvieron haciendo vigilias de oración junto al hospital y ofrecieron ayuda para asistir la situación, acompañar a la madre y colaborar a los efectos de dar al niño/a en adopción, toda vez que al menos 50 familias se ofrecieron como voluntarias. 

Si efectivamente se realizó el aborto, nadie en la sociedad pudo frenar el atentado contra la vida perpetrado aparentemente bajo la autoridad del Poder Ejecutivo de la Ciudad.

Cuando el pasado 8 de agosto el Congreso de la Nación rechazó el proyecto de ley de IVE, quedó establecido que en Argentina no se puede hacer abortos indiscriminadamente y en cualquier situación. Los puntuales casos previstos por el Código Penal, son excepciones legales a la regla, según la cual el aborto es un delito contra la vida.  

Todos los poderes del Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, deben respetar el ordenamiento jurídico. Actuar en contra del mismo, desde el Estado, usando la fuerza del poder para cometer delitos, nos retrotraería, como sociedad, a épocas pasadas que los argentinos queremos abandonar. 

Permitir que los Ministerios de Salud apliquen protocolos de aborto, que regulen más allá de lo permitido, implica una falta grave de responsabilidad por incumplimiento de la Constitución Nacional y la atribución de competencias por ella establecida, agraviando la división de poderes.

Si los Poderes Ejecutivo y Judicial no desempeñan su actividad aplicando las leyes que dicta el Poder Legislativo, la seguridad jurídica estará perdida, y así cada uno podrá actuar según su ideología o capricho. 

Invocar el secreto profesional y el derecho a la intimidad, como fundamentos para ocultar información, en este caso concreto, habrían conformado las condiciones necesarias para terminar con la vida de un niño por nacer, con la aparente connivencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad y pasividad de una justicia que, una vez más, no habrá llegado a tiempo para evitar el delito. 

*Miembro de Abogados por la Vida.

Abogada. Magister en Derecho Administrativo. Especialista en Derecho Constitucional.