Las polémicas reformas que pretende implementar la gestión del intendente Carlos Arroyo para tratar de incrementar los ingresos del municipio mediante una mayor presión tributaria sobre distintas actividades y sectores económicos de Mar del Plata y Batán está recibiendo cada vez más cuestionamientos.

Luego de que varias de esas medidas fueran rechazadas por diversas entidades empresariales, comerciales e industriales, los profesionales también decidieron hacer oír sus quejas.

A través de una nota presentada ante el municipio, el Foro de Colegios y Consejos Profesionales expresó su desacuerdo con la intención del secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, de exigir que a partir de ahora contadores, abogados, bioquímicos, médicos u odontólogos, entre otros, comiencen a pagar las tasas por Habilitación y por Seguridad e Higiene.

La medida fue propuesta por Mourelle a través del proyecto de la ordenanza fiscal, el cual permanece desde hace semanas en el Concejo Deliberante sin recibir tratamiento debido al rechazo que genera, incluso, entre algunos concejales oficialistas.

La controvertida medida aparece junto a otras iniciativas que también generaron fuertes críticas, como la de dar de baja las exenciones para cines y teatros, gravar las operaciones de comercios exterior o eliminar los beneficios de las empresas radicadas en el Parque Industrial.

En muchos casos, los afectados no sólo plantearon que en el caso de ser implementadas, estas propuestas causarían serios perjuicios económicos en sus respectivos sectores. También se ocuparon de dejar en claro que la comuna no tendría ninguna capacidad legal para implementar esta clase de medidas recaudatorias, por su carácter de “ilegal e inconstitucional”.

Así lo expresaron por ejemplo los Consejos y Colegios profesionales al asegurar que “el desarrollo de las actividades profesionales independientes” se encuentran “fuera del alcance de cualquier clase de tributo en el orden municipal“, rechazando así la posibilidad de que sus matriculados puedan ser alcanzados por el cobro de algún tipo de gravamen local.

En la nota presentada ante el Concejo Deliberante, el Foro subrayó que la Constitución Provincial así como la legislación bonaerense establecen que los colegios y los consejos poseen la “competencia indelegable, exclusiva y excluyente” de regular todo lo atinente al ejercicio profesional de sus matriculados.

“Por eso consideramos improcedente cualquier intento del municipio de arrogarse la facultad de controlar el ejercicio de las actividades y de los lugares físicos en donde estas se desarrollan” pretendiendo cobrar la tasa de Seguridad e Higiene.

“Dicho de otra forma”, explicó el Foro, “tanto el gobierno de la matrícula como el poder de policía de lo concerniente a los profesionales y al ejercicio de la profesión fue delegado de manera exclusiva, y con exclusión de cualquier otro órgano o poder diferente, en los colegios o consejos profesionales respectivos“.

La reacción del Foro frente a la polémica propuesta constituye un alarmante revés político para el gobierno de Arroyo, por el nivel de representación que la institución posee.

En la entidad se integran las principales entidades profesionales del Partido de General Pueyrredon y la región, entre las cuales se encuentran los colegios y consejos de Abogados, Arquitectos, Opticos, Obstetricia, Gestores, Odontólogos, Profesionales de Turismo, Traductores, Farmacéuticos, Psicólogos, Médicos, Fonoaudiólogos, Bioquímicos, Veterinarios y Contadores, entre otros.

En la nota presentada en el municipio, la entidad se ocupó además de recordarles a los funcionarios que el carácter ilegal e inconstitucional de la medida impulsada por el gobierno, no resulta algo “ni complejo ni novedoso” debido a la existencia de una abundante jurisprudencia que así lo confirma.

Y para demostrarlo,el foro citó algunos fallos judiciales de la Suprema Corte, rechazando los intentos de otros municipios por aplicar la tasa de Seguridad e Higiene sobre los profesionales.

Por eso la endiad pidió que los concejales eviten votar a favor de la propuesta de la gestión de Arroyo, subrayando, una vez más que se trata de una medida “a todas luces inconstitucional“.