Antes de empezar a negociar las reformas con los gobernadores y la oposición, el Gobierno logró un primer acuerdo. Pero no fue con ninguno de los actores ya mencionados, sino con Roberto Cardarelli, el jefe de la misión del FMI que aterrizó en Buenos Aires poco después de los anuncios de Mauricio Macri en el CCK. El pacto se selló muy discretamente en uno de los varios encuentros que el economista italiano mantuvo con hombres clave de la Casa Rosada: le pidieron -y quedó aceptado- que el Fondo evite involucrarse de una manera u otra en las discusiones sobre la reforma previsional. Más precisamente sobre el cambio de fórmula para calcular la actualización de los haberes jubilatorios. El punto más decisivo y también más controvertido de toda la propuesta presidencial.

Así, no hubo mención explícita al tema previsional en el comunicado que dio cierre a la tarea de la misión que vino al país a concretar la revisión del artículo IV. Ni habrá pronunciamiento público alguno en contactos con la prensa. El documento final de la revisión que saldrá (en pleno verano austral) del directorio del FMI tampoco necesitaría involucrar su postura en este tema en particular. Básicamente porque ya fue incluido en el reporte publicado en noviembre de 2016 (del cual la única versión completa está en inglés). El año pasado la misión llegó en septiembre -también comandada por Cardarelli- y el documento del directorio se divulgó dos meses después. Este año, casualmente, ese mismo proceso de revisión se corrió dos meses. La delegación fondomonetarista vino en noviembre y el informe final podría estar listo a mitad de enero.

El capítulo dedicado a la cuestión previsional argentina ocupó 10 páginas del informe de hace un año . Hacia el final detalla las recomendaciones del organismo internacional para el país. La necesidad de cambiar el modo de ajustar las jubilaciones está entre las primeras y se destaca por su audacia, ya que parece ignorar (y/o soslayar) el voltaje político que tiene la cuestión jubilatoria en la Argentina. El parecido que tiene la propuesta del Gobierno con la sugerencia del FMI es inquietante. Y aunque se conoció públicamente hace ya tiempo, el debate que se aproxima reaviva su vigencia. La oposición ya tomó nota y prepara munición gruesa con un argumento políticamente contundente: dirá que se intenta aplicar la receta del FMI para que paguen el ajuste los jubilados.

Más allá de cualquier oportunismo de la política hay un dato objetivo: el cambio de fórmula le permitirá al Gobierno moderar los índices de actualización de haberes y así ahorrar unos miles de millones de pesos al año. Ya está instalado por los expertos que la cifra ronda los 110.000 millones de pesos anuales. Los funcionarios prefieren calcular la mitad. Pero a sabiendas que no son sólo los jubilados los que resignarían recursos con esta medida: abarca a un total de 17 millones de personas (incluyendo a los pasivos) que reciben algún subsidio por la AUH u otros programas de asistencia social o empleo. En ese caso, admiten, se llegaría a la cifra de máxima.

El FMI y el Gobierno coinciden en que la vía más rápida y eficaz para atacar el déficit fiscal (el heredado y el que se fue sumando) es la reforma previsional. Allí reside el núcleo del gasto público actual. Así se podría cumplir, sostienen, el cronograma de reducción gradual del rojo de las cuentas públicas y, a la vez, reducir las constantes emisiones de deuda estatal con las cuales se financian los persistentes desequilibrios.

Pero no todas son proyecciones de largo plazo en la Casa Rosada. En lo inmediato, los funcionarios destacan que la única forma de sostener los compromisos de transferencias de recursos prometidos a los gobernadores (tanto aliados como opositores) es con el producido del recorte previsional. 

Los enviados del FMI tuvieron acceso a algunas cifras sobre la situación de la ANSeS que los investigadores nativos tienen vedado. La evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no está disponible en internet. También hay quejas por falta de precisión en los datos sobre el rojo previsional. Se maneja como dato global el 3,5% del PBI que fue incluido en el proyecto de Presupuesto 2018.

La imposibilidad de compensar ese rojo con las herramientas actuales obligó a buscar otras soluciones más drásticas. Y allí entró a tallar la receta del FMI. Actualmente la ley de movilidad ajusta las jubilaciones y las prestaciones de la Seguridad Social dos veces al año (en marzo y en septiembre) en base a una fórmula que se alimenta -entre otros índices- de la evolución de los salarios y la recaudación del sistema. No contempla la evolución del índice de precios al consumidor (IPC). Si los haberes se ajustaran por la inflación pasada, aumentarían bastante menos que por la fórmula actual de movilidad, coinciden todos los expertos. El FMI tiene un cálculo muy contundente sobre su impacto: "Permitiría reducir la suba del presupuesto destinado a jubilaciones en alrededor de un 20% del PBI por dos razones: las jubilaciones subirán más lentamente y las jubilaciones iniciales serán ligeramente menores", plantea en su informe.

Al margen de los aspectos técnicos, el Gobierno quiere despegar su propuesta de las recomendaciones del FMI porque sabe que -aunque sus opiniones no son vinculantes para países sin programas vigentes- todo lo que remita al ogro de Washington genera rechazo automático en el país.