Tras dos meses de paro, marchas, acampes y protestas en toda la provincia, el obispo Miguel D'Annibale hizo un llamado al diálogo, afirmó que el conflicto "no puede ser ignorado o disimulado" y reconoció que hay sectores de la sociedad que empiezan a ser excluidos. Tres monjas acompañaron ayer la multitudinaria marcha que durante las horas del mediodía pasó frente a la residencia de la gobernación, escenario de múltiples incidentes.

Primero tímidamente, ahora con contundencia, la Iglesia local se pronunció sobre un conflicto que entró en un callejón sin salida. Hace días que las escuelas confesionales convocan a rezos y oración para llamar al diálogo, incluso el obispo había visitado el acampe de los jubilados ante una convocatoria y también mantuvo contactos con el gobierno local, pero a través de un comunicado tomó ahora un rol más activo.

"La falta de pago de los sueldos en tiempo y forma a jubilados y activos provinciales está ocupando hoy el primer lugar en el conflicto, unido a una falta de información clara sobre lo que sucede. Pero es el síntoma de una realidad más profunda y seria. Hay sectores postergados de la sociedad que se ven excluidos. Comienzan a ser parte de la «cultura del descarte» a la que tantas veces se refiere el Papa", detalla el parte de prensa de la diócesis de Río Gallegos.

Afirma, además, que el pueblo "en su mayoría descree de todo lo que se le presenta. Los reclamos continúan y se acrecientan. Si el clamar del pueblo no es escuchado por quienes deben dar respuesta se genera un conflicto de partes". Y, parafraseando al papa Francisco, recuerda que "el conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido".

Hace diez años, el entonces obispo local Juan Carlos Romanín se puso al frente del reclamo docente, a poco de iniciado el conflicto. Su presencia fue clave para avanzar en una resolución, aunque su exposición le generó un alto costo político dentro de la iglesia y críticas desde el kirchnerismo.

A medida que crecen las manifestaciones, se amplían los reclamos. Ayer, en los dos discursos que se leyeron en la marcha, tanto la representante de los jubilados como la vocera de Padres Unidos denunciaron la aprobación del pliego para juez de primera instancia de Marcelo Bersanelli, concuñado de Máximo Kirchner, y el mensaje fue claro. "El nombramiento es para cubrir la corrupción", dijo Elsa Ilnao a la multitud en la puerta de la Legislatura, ayer cerrada.

Hasta ahora, el nombramiento de un juez cercano al poder pasaba inadvertido. Anteayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó el pliego del abogado de Cristina Kirchner en varias causas y mano derecha de Rocío García en el Ministerio de Salud. Resta la aprobación legislativa.

Los reclamos que se leen en los carteles ya trascendieron el pago de salarios atrasados, la apertura de paritarias, la normalización de la Justicia, la asistencia de la obra social y el reinicio de clases. Cada vez más se escuchan acusaciones de hechos de corrupción, se piden inversión en infraestructura escolar, transparencia en las cuentas públicas a la gobernadora Alicia Kirchner y, sobre todo, que el gobierno escuche los pedidos que le formula la población.

Al pasar ayer por la Legislatura cerrada, la conducción de gremios agrupados en la CTA entregó una carta abierta a los diputados provinciales, intendentes y concejales de toda la provincia para que tomen "un posicionamiento explícito respecto de la grave situación actual" en Santa Cruz.

Hoy se llevará adelante un corte de ruta como parte de las medidas de protesta aprobadas anteanoche en asamblea pública, y se empezó a organizar un acto el 1° de mayo frente a la gobernación.