El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó en las últimas horas a 51 personas y sociedades acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a contrabandear telas, un nuevo capítulo de la Mafia de la Aduana. La organización se encargaba de adulterar la documentación presentada ante la Aduana para ocultar los verdaderos compradores y especialmente pagar menos impuestos.

La causa se inició en 2016 por una denuncia de la Aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La maniobra principal consistía en presentar documentación apócrifa ante la Aduana para ingresar "diversas mercaderías en cantidad, calidad, especie y/o peso distinto de los manifestados en las respectivas declaraciones". Para eso había dos modalidades: ingresaban materiales textiles (de alta carga arancelaria), pero declaraban otras mercaderías de menor carga arancelaria, o directamente se adulteraba el peso de la mercadería.

La maniobra de contrabando incluyó la creación de sociedades "pantalla", sin capacidad económica y operativa, con el objetivo de ocultar a los verdaderos importadores. Los responsables, según cree la Justicia, habrían contado con la connivencia de funcionarios aduaneros.

"Dentro del 'servicio' ofrecido por esta presunta organización se encontraría el manejo de una cartera firmas 'cartón', que se colocarían como interpósitas personas, con la finalidad de permitir que los verdaderos dueños, reales importadores y/o destinatarios finales de la mercadería permaneciesen ocultos", detalla la resolución de Aguinsky a la que tuvo acceso Infobae.

Durante la investigación, se realizaron decenas de allanamientos. El principal fue en la sede del agente de carga TT CARGO SA, en Tacuarí al 200, donde se secuestraron "legajos de trabajo" que permitieron reconstruir, de manera completa, distintas maniobras de contrabando realizadas en al menos veinte operaciones de comercio exterior.

"Los legajos de trabajo secuestrados en la sede de TT CARGO SA resultaron una suerte de atajo que arrimó el resto de las piezas obrantes en el expediente", admite el juez en la misma resolución.

La denuncia original también apuntaba a una serie de operaciones de importación frenadas a tiempo por la Aduana. Ante las primeras sospechas, en junio de 2016, el organismo emitió una alerta contra todas las personas sospechadas y se bloquearon esas operaciones.

Junto con los procesamientos, el juez ordenó embargos por más de 3.873 millones de pesos para todos los implicados.

Indagatorias en la causa de los hermanos Paolantonio

El juez Aguinsky también ordenó un total de 35 indagatorias en otra de las causas emblemáticas de la mafia de la Aduana. En el listado se destacan tres ex funcionarios de la Aduana, Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi, y varios miembros de la familia Paolantonio, como así también representantes de las sociedades que participaron del contrabando de mercadería por montos multimillionarios entre 2014 y 2015.

Ese expediente comenzó a partir de una denuncia de la Procelac apoyada en datos aportados por el ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, y una investigación periodística publicada en el diario Clarín.

Entre los citados a indagatoria aparecen los titulares de los depósitos fiscales Terminal Carga Tigre, Maximiliano Montero y Horacio "Cholo" Palmieri, y de Carestiba, Julio Motta y Néstor Suárez.