Se llevó a cabo la Segunda Cumbre Nacional de Colegios Evangélicos

Se llevó a cabo la Segunda Cumbre Nacional de Colegios Evangélicos

Con la presencia de decenas de directivos, docentes, representantes legales y pastores representando a 17 provincias, se llevó a cabo desde el 4 al 6 de abril la Segunda Cumbre Nacional de Colegios Evangélicos en las instalaciones del Centro Cristiano Príncipe de Paz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A la apertura del encuentro, el jueves por la noche, asistieron el Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, acompañado por el licenciado Gastón Bruno, Director de Gestión de Asuntos Docentes de la misma cartera, y el diputado nacional David Schlereth. 

Este segundo cónclave con los referentes nacionales de escuelas cristianas del país tuvo como oradores internacionales invitados a Estuardo Salazar, director de la Association of Christian Schools International (ACSI), y al Licenciado Aaron Lara, presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Además disertaron Alejandro Rodríguez, director de JUCUM, el pastor Osvaldo Carnival, de la Iglesia Catedral de la Fe, el Dr. Gabriel Flores Ciani, y el pastor Hugo Márquez, responsable del colegio AMEN de Neuquén, y presidente de la Confraternidad Evangélica Bautista Argentina (CEBA).    

Al final del encuentro los presentes suscribieron una declaración sobre la educación y la responsabilidad del Estado. Entre los conceptos más relevantes se destacan:

"Si entendemos entonces que la educación es un derecho, y que no hay tal cosa como una educación neutral, nos debemos preguntar: ¿Cómo garantiza el Estado a cada familia la libertad para ejercer el derecho a elegir la educación que quiere para sus hijos y la posibilidad real de hacerlo? El Estado no puede ofrecer ni imponer un 'pensamiento único', porque sencillamente eso sería antidemocrático, hasta totalitario. No reconocer la libertad y el derechos de los padres a escoger es atropellar y pasar por alto las libertades y derechos individuales. Más bien el Estado debería ofrecer o garantizar varias propuestas educativas, de modo que cada familia pueda acceder a elegir la que considere mejor para sus hijos. No solo en cuanto a contenidos pedagógicos, sino también en cuanto a valores y principios."

"De esta manera, el Estado no solo debe 'tolerar' que existan Escuelas Públicas de Gestión Privada, con sus particularidades, su 'Ideario Institucional', sino que debe 'promover' la participación de las mismas reconociéndolas como agentes relevantes para la inclusión educativa de todos los sectores de la sociedad."

"El Estado no puede secuestrar la educación, ni tampoco un gremio puede hacerlo. No son los dueños de la educación. El derecho a elegir sigue siendo de los padres. Sin embargo parece que esta es la intención de algunos sectores que pretenden un 'ùnico modelo educativo superador'. Sectores que pretenden erigirse como los únicos dueños de la verdad, al menos en materia de educativa, y excluir a quienes piensan en modelos distintos. Valores distintos. Visiones distintas."

"El Estado debe garantizar el acceso de todas las personas a la educación y ampliar lo más posible la oferta educativa, pero no puede arrogarse el de ser quien 'dicta una única y neutral educación'. Ni siquiera debe pretender ser el exclusivo organizador de la vida social de las personas. A no ser, que estemos hablando de un 'Estado totalitario', donde las libertades individuales no son reconocidas, sino sólo 'reguladas'."

"Es justo. Es necesario y es una obligación del Estado, fomentar, estimular y alentar la participación de las Escuelas Públicas de Gestión Privada en el concierto de ofertas educativas, haciendo todo tipo de aportes necesarios para que esta sea no solo sustentable para las organizaciones administradoras, sino también accesible a todas las familias que las elijan para educar allí a sus hijos. Acceder a una educación pública de gestión privada no es un privilegio de algunos, es un derecho de todos y de cada uno de los habitantes de esta nación."

"Nos declaramos en estado de alerta frente a los avasallamientos y actos persecutorios que se han registrado en el último año: en Neuquén, Paraná en Entre Ríos y en Resistencia, provincia de Chaco." 

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