Levantan secreto fiscal de Macri (Gianfranco) por parques eólicos

Levantan secreto fiscal de Macri (Gianfranco) por parques eólicos

Es por un préstamo de u$s5 millones que una firma sin antecedentes en explotación de esos emprendimientos energéticos le hizo al hermano del Presidente. Piden conocer movimientos bancarios. Sospecha por maniobra.

La Justicia federal ordenó el levantamiento del secreto fiscal para acceder a los movimientos patrimoniales del hermano del presidente Mauricio Macri, Gianfranco Macri, en el marco de la causa en la que se investigan irregularidades en la venta de parques eólicos donde habría tenido intervención firmas relacionadas a la familia presidencial. La medida fue realizada para investigar un sospechoso préstamo de u$s 5 millones que habría recibido el hermano del Presidente de una las empresas controlantes de las que, a su vez, ganaron la licitación para explotar parques eólicos y que fueron revendidos a los pocos meses con ganancias extraordinarias, de aproximadamente u$s 48 millones, según denunciaron diputados K.

El juez Marcelo Martinez de Giorgi, ordenó el levantamiento del secreto fiscal para conocer los detalles de cuentas y movimientos bancarios del hermano del mandatario, a fin de determinar si ese préstamo sospechoso está documentado, declarado y cómo fue aplicado. La causa se originó hace un año con una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate por supuesta defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, y que después ampliaron (en diciembre pasado) a lavado de activos en el marco de la venta de seis parques eólicos, en Chubut y en Miramar.

Gianfranco Macri pidió un préstamo que fue aprobado por la empresa USIR, controlante de Sidsel y Sideli, las dos firmas que se quedaron con seis parques eólicos en 2017, luego de que Isolux (quien había ganado la licitación) se retirase. Y los revendieron, a los pocos meses con una ganancia millonaria. Las dos firmas se encuentran apuntadas por la Justicia por sus vínculos con la familia Macri, luego que una investigación del diario Perfil que reveló que el contador Víctor Mariano Payaslián figuraba como titular de ambas compañías, y que logró los 6 parques eólicos luego que la empresa Isolux, les entregara la concesión a cambio de u$s 25 millones. Según consta en la investigación, Payaslian, desde la empresa USIR, aprobó el préstamo solicitado por Gianfranco Macri, por un monto de u$s5 millones. Lo que está bajo la lupa es que tanto Sideli como Sidsel, empresas que fueron creadas por Payaslián del grupo Macri, evitaron pasar por las licitaciones públicas al adquirir en enero de 2017 los parques eólicos en Chubut y Miramar que había recibido la firma Isolux.

Ninguna de las firmas mencionadas y que forman parte del expediente judicial tiene a algún miembro de la familia Macri en sus documentos públicos o actas de directorio, ni siquiera para Parques Eólicos Miramar SA, otra de las razones sociales mencionadas en la denuncia. Sin embargo, se sospecha que un porcentaje alrededor del 10 o 12 % de este conglomerado podría pertenecer a Sideco Americana. Tras la resolución de Martínez de Giorgi, la justicia intenta ahora determinar la composición accionaria de las empresas, por lo que fue ordenado un entrecruzamiento de datos que lleva adelante la DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial) que depende de la Corte Suprema y es la misma unidad especializada en escuchas telefónicas.

Sideli como Sidsel ya no tienen los parques eólicos, porque los revendieron rápidamente, en mayo de 2017, a un precio mayor al adquirido a Isolux y con destino final a la compañía china Goldwind.

Posteriormente, vendieron el parque eólico restante: el Loma Blanca IV, a la firma Genneia, también asociada a la china Goldwind. Por eso es que, con impulso del fiscal Eduardo Taiano, la firma sospechada por sus vínculos con la familia Macri obtuvo millones de dólares en una operación simple (nunca fue el objetivo explotar los emprendimientos energéticos) con la reventa de parques eólicos, sin pasar por licitación pública, frente a una inversión inicial que apenas superó los u$s25 millones.

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