La Justicia allanó las oficinas de las empresas distribuidoras eléctricas bonaerenses Edelap y Edea por supuesta utilización de facturas apócrifas por unos 350 millones de pesos, informaron fuentes judiciales. Las medidas fueron dispuestas en una causa por supuesta evasión fiscal.

Los allanamientos los llevó adelante ayer el juzgado en lo criminal y correccional número uno de San Martín, a partir de una denuncia de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP. Las facturas truchas se usan para inflar gastos y pagar menos impuestos a la AFIP. Desde el mes pasado la titularidad de la AFIP pasó de las manos de Alberto Abad a las de Leandro Cuccioli.

Se detectaron tres empresas proveedoras de facturas apócrifas, pertenecientes a un mismo empresario, que "destinaban el 90% de sus facturas a estas dos empresas distribuidoras de electricidad de la provincia de Buenos Aires", precisaron las fuentes.

El período investigado "es entre los años 2015-2017, en el que ambas empresas pertenecían al mismo grupo empresario, que continúa siendo investigado", agregaron las fuentes.

Mientras que, siempre según las fuentes, "Edelap usó estas facturas por $ 150 millones, Edea lo hizo por $ 215 millones".

Voceros de Edelap y Edea afirmaron que las facturas truchas "fueron entregadas por proveedores". Además, el nuevo dueño compró en abril de este año esas dos empresas a su anterior propietario, es decir antes de la admisión de las facturas truchas.

Los voceros informaron que "la AFIP ha iniciado un proceso de investigación en busca de facturas truchas de, entre otros, ex proveedores, que corresponden al período de 2015 hasta principios del 2017".

"Los actuales propietarios han puesto a disposición de la justicia toda la información requerida de los ex proveedores", destacaron los voceros.

Para los voceros "los investigados son los ex proveedores, no EDELAP ni EDEA".

A la vez, la Justicia dispuso el allanamiento de los domicilios desde donde se emitían las facturas apócrifas. Se trata de una pequeña oficina en el centro porteño y un domicilio particular en la localidad bonaerense de Bella Vista.

En el inicio de las investigaciones, a la Justicia le resultaba complicado encontrar a la responsable de la emisión de las facturas. Pero los investigadores lograron dar con su domicilio por sus gustos gastronómicos. Identificaron el domicilio de su teléfono "cuando llamó desde su teléfono para pedir un delivery de un famoso negocio de comida rápida".