Tres jueces federales tienen causas abiertas por los aportantes falsos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. El único porteño es Sebastián Casanello, que recibió una denuncia de 200 casos de la ONG La Alameda y ya escuchó a un grupo de damnificados que niega tanto su afiliación al PRO como la entrega de dinero para las campañas 2015 y 2017.

Las otras investigaciones transcurren en La Plata, donde dos magistrados avanzan a distinto ritmo y por carriles separados. Adolfo Gabino Ziulu, quien analiza posibles irregularidades en el proceso eleccionario, recibió recientemente la recomendación de la Cámara Nacional Electoral de no aprobar la rendición de cuentas de Cambiemos en las PASO 2017. Entre otras cosas, porque se detectaron aportantes que son beneficiarios de planes sociales y niegan haber entregado dinero, como figura en las planillas del partido.

La última orden de Ziulu, de 71 años, fue la citación a declarar de 37 aportantes cuya contribución supera el 30% de su facturación mensual de monotributo. Curiosamente, algunos de ellos figuran como empleados de dependencias del Gobierno de María Eugenia Vidal y de haber existido irregularidades, pondrían en riesgo sus puestos de trabajo al denunciar la maniobra ante el juez.

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Pero lo más llamativo en torno a la causa fue la decisión del procurador interino, Eduardo Casal, de correr al fiscal Hernán Schapiro de su cargo cuando estaba a punto de recibir el expediente enviado por su par porteño Jorge Di Lello. La explicación oficial del Ministerio Público Fiscal fue la necesidad de cubrir con un fiscal general un puesto vacante ante una jubilación.

NOTICIAS consultó a Schapiro por la repentina designación, pero el funcionario prefirió el silencio y sólo negó la amistad que se le adjudica con la procuradora filo K Alejandra Gils Carbó.

Detrás de los millones. El otro juez platense que avanza es Ernesto Kreplak, quien partió de una denuncia de la senadora bonaerense Teresa García (Unidad Ciudadana) para empezar a investigar una base de 27 denuncias. Y a mediados de agosto, comenzó a escuchar a damnificados de toda la provincia: 13 querellantes de Quilmes, tres denunciantes de Mar del Plata, un ex candidato de Bahía Blanca y hasta un funcionario judicial de Lomas de Zamora.

En su juzgado penal van más allá de lo electoral: intentan determinar cuántos de los 4.200 aportantes privados de Cambiemos son reales, cómo obtuvieron sus datos personales, de dónde provienen los fondos y quiénes estaban al tanto de la maniobra. También si se cometieron delitos graves, como lavado de dinero.

Tal como reveló NOTICIAS en la investigación de esta semana de Alejandro Rebossio, quienes participaron del mecanismo de recaudación bonaerense reconocen que grandes compañías están detrás de esos millones que figuran repartidos entre falsos aportantes.  Identificarlas será la siguiente tarea judicial.

En el Juzgado de Kreplak trabajan en el entrecruzamiento de los datos de los 4.200 aportantes y sus empleos. Con la información laboral de esas personas, que el juez pidió a la AFIP, rastrean empresas y organismos oficiales en los que trabajan en busca de un patrón. Los resultados del cotejo podrían originar nuevos caminos en la investigación.

Diversas fuentes judiciales consultadas por NOTICIAS coinciden en que “es razonable” que el oficialismo esté preocupado por el avance de las causas. Y no descartan la posibilidad de que las tres se unifiquen en un juzgado. Por territorio, La Plata sería el lugar.