Intentaron frenar un aborto legal en el hospital Rivadavia

Intentaron frenar un aborto legal en el hospital Rivadavia

La presunción de que en el hospital Rivadavia se practicaría un aborto hizo que un abogado denunciara que "podría estar por ocurrir un delito". La fiscalía interviniente desestimó los argumentos de la presentación porque se trataba de una interrupción legal del embarazo (ILE).

"Sólo contamos con una apreciación personal que hace una persona que evidentemente se encuentra en contra de la práctica médica del aborto y que eso lo ha llevado a efectuar esta denuncia, en la que, sin poder fundarlo en ningún dato objetivo, consideró que en un hospital público harían un aborto a una mujer por fuera de la ley", redactó en su dictamen Daniel Pablovsky, fiscal en lo Criminal y Correccional porteño, sobre la denuncia del letrado Marcelo Breide Obeid.

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Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad informaron que se hizo el procedimiento. "El ministerio y sus efectores cumplen con la ley vigente, el Código Penal y el Fallo FAL de la Corte Suprema, que establece las causas para la ILE -indicaron-. No hablamos sobre casos en particular en cumplimiento del secreto médico." Tampoco se refirieron a qué medidas adoptarán ante la filtración de información confidencial de una paciente.

En el país, el Código Penal establece que el aborto no es punible si está en riesgo la salud (física o mental) de la madre, su vida o si la mujer fue víctima de violación. El fallo de la Corte eliminó la necesidad de judicializar, en esos casos, el acceso a la ILE e instó a las autoridades sanitarias a elaborar un protocolo para la actuación de los equipos de salud.

Alertas por whatsapp

En el hospital Rivadavia, el procedimiento estaba previsto para el 2 de este mes por problemas de salud mental de la madre, según se pudo conocer.

La denuncia de Breide Obeid fue rechazada en el dictamen fiscal, a la vez que fue elevada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, Secretaría N°79. "Luego de realizado un análisis con respecto al plexo probatorio", escribió Pablovsky, "no se han verificado elementos de prueba suficientes que permitan aseverar la ocurrencia de un delito, por lo que corresponde que se archiven las actuaciones por inexistencia de delito".

En otra denuncia que se presentó el viernes pasado, Juan Carlos Monedero solicitó que se investiguen los delitos de aborto y abandono de persona. "De acuerdo con la información proporcionada enfática, pero 'extraoficialmente', por parte de médicos y enfermeras del hospital Rivadavia, la práctica no encontraría encuadre jurídico en las causales de no punibilidad previstas", según se lee en el texto.

Las pruebas ofrecidas incluyen "un mensaje de alerta" de Whatsapp de "un integrante del personal del hospital", donde en los últimos días, representantes de grupos como Red Federal de Familias, +Vida y Abogados por la Vida hicieron una vigilia.

Además, se ofrece una la carta que representantes de Abogados por la Vida le entregó a Eduardo Fernández Rostello, director del Rivadavia, durante una reunión en la que participó Monedero. Su denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N°44 de Comodoro Py.

Durante una reunión con el director del Rivadavia, abogados "provida" le entregaron una carta

Confidencialidad en riesgo

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, criticaron el accionar de estos grupos.

"No podemos aceptar que se siga quebrantando la ley. Hay un protocolo para la ILE, que se tiene que aplicar en cada rincón del país y fue efectivizado por el Ministerio de Salud de la Nación de acuerdo con lo que prevé el Código Penal", señalaron ante la consulta de LA NACION.

La red funciona desde 2014 y está integrada por más de 1400 médicos, trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos y socorristas de hospitales y centros de salud del país.

"Ningún grupo puede intervenir en las instituciones de salud públicas o privadas para afectar la confidencialidad de la atención de las personas ni el acceso a los servicios de salud -sostuvieron ayer.- No importa cuáles sean las creencias de los efectores de salud, hay que cumplir la ley. La difusión por las redes sociales de cualquier caso es un atentado a la privacidad y viola la ley de derechos de los pacientes."

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