Luego de que la constructora Odebrecht confesara que pagó en Argentina coimas por valor de 35 millones de dólares, el Gobierno expresó sus intenciones de revisar todos los contratos que el Estado tenía con la empresa. Por el momento, el único que fue detenido es el de las obras de ampliación de los gasoductos del norte y sur.

Sin embargo, la empresa empezó a exigirle al Estado un resarcimiento por los contratos rescindidos por valor de 202,6 millones de dólares, una cifra casi seis veces más alta de lo que pretende pagar en daños por corrupción, según informó el diario La Nación. 

En febrero de este año, el Ministerio de Energía ordenó a Nación Fideicomisos, comitente delegado, que pusiera fin a la ampliación de los gasoductos. Sustentó su decisión en informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que alertaron en 2012 y 2014 por posibles sobreprecios y anomalías. No solo cesó el contrato, sino que Nación Fideicomisos radicó una denuncia penal por presuntos sobreprecios de hasta el 400 por ciento.

Por su parte, Odebrecht pidió una compensación por las obras que no le permitieron finalizar. De ese modo, exigió un resarcimiento de 939 millones de pesos y 123 millones de dólares además de 148 millones de pesos y 13 millones de dólares por la que había ganado Albanesi. Estos montos resultan de la suma de los costos de los bienes y servicios contratados, el lucro cesante y otros gastos estimados por la rescisión, según cifras de la compañía.

Nación Fideicomisos solo reconocería los costos de los bienes y servicios y del lucro cesante siempre y cuando un tercero verifique que en ambos casos no se registraron sobreprecios. Para esa tarea, Odebrecht contrató a la consultora KPMG, la cual aún no presentó ningún informe.

Los representantes legales de la constructora brasileña quieren mandar un claro mensaje al Gobierno: en el caso de que quieran suspender los otros contratos de la empresa en el país, los dos más importantes son el soterramiento del tren Sarmiento y  las obras de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas, pedirán compensaciones económicas importantes.