Con 197 votos afirmativos, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de reparación a familiares y víctimas del atentado a la AMIA que dejó a 85 víctimas el 18 de julio de 1994.

Durante el tratamiento de esta tarde, con discursos breves, las diferentes bancadas expresaron sus respaldos al texto definitivo, a excepción de algunos diputados, como los de la Izquierda, que, pese a apoyar, pidieron que los beneficiarios no deban renunciar a acciones judiciales para cobrar la indemnización, consignó la agencia Télam.

Remo Carlotto (Frente para la Victoria), en carácter de presidente de la comisión de Derechos Humanos, consideró que "el beneficio está expresado en los mismos términos de las leyes reparatorias por desaparición forzada de personas, apropiación de niños y el atentado embajada de Israel".

También pidió "a la Justicia que actúe con celeridad" y que "la reparación sea integral para cada una de las víctimas y sus familiares; dado que hace 12 años se vienen generando mecanismos para que el Estado repare los actos que se han hecho durante la dictadura y el neoliberalismo".

Desde el bloque Unión-PRO, Patricia Bullrich señaló que "han pasado pasado 21 años, y si bien nunca existe reparación por la pérdida de un ser querido y por el estado de impunidad de esta causa se quiere dar un apoyo rotundo a esta ley de reparación para las víctimas de la AMIA".

"Por nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, y tras el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el atentado, es que entendemos que dichas víctimas deben recibir el mismo tratamiento que las de la Embajada de Israel y las víctimas de la dictadura", agregó.

Entre otros aspectos, el proyecto establece el derecho a percibir "por única vez" un "beneficio extraordinario" a "través de sus herederos o derechohabientes o por sí, según el caso, a las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas" por el atentado contra la AMIA, "hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el Estado Nacional".

La cifra que percibirán los herederos de los fallecidos será de alrededor de 1,5 millones de pesos, de acuerdo con un cálculo hecho por el proyecto en base a lo que cobran los agentes Nivel A, Grado 0 del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, al menos durante 2014, multiplicado por el coeficiente 100.

"El plazo, como también lo fue en el caso de las víctimas de la embajada, se determina según la cantidad de víctimas y heridos. En este caso será de 180 días", explicó la titular del bloque oficialista, Juliana Di Tulio a través de un comunicado en el que remarcó: "Es un día de reparación y de alegría, donde por fin este Congreso puede darle a esta ley sanción definitiva".

En tanto, de acuerdo al proyecto, quienes hayan sufrido lesiones gravísimas percibirán el 70 por ciento de ese monto y los heridos graves, un 60 por ciento de la cifra mencionada.

La Cámara alta había aprobado un proyecto similar en 2011, pero Diputados nunca trató la iniciativa, por lo que la sanción del Senado fue desechada a fines del año parlamentario 2013.