La Iglesia expresó su preocupación por la modificación de la Ley de Glaciares

La Iglesia expresó su preocupación por la modificación de la Ley de Glaciares

En un comunicado firmado por la Comisión de Pastoral Social que encabeza el obispo de Lomas de Zamora Jorge Lugones, la Iglesia lamentó que se promueva “una mayor explotación minera en el área cordillerana de nuestro país” sin tener en cuenta el cuidado de los recursos naturales.

Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social dieron a conocer ayer su malestar por la posibilidad –que contaría con el aval del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, del gremio minero, el Ministerio de Trabajo así como de la CAEM-, de modificar la Ley de Glaciares vigente con el fin de promover una mayor explotación minera en el área cordillerana de nuestro país sin tener en cuenta los necesarios estudios y aprobación previas, por parte de las instituciones encargadas de velar por el adecuado manejo del ambiente” a quienes sostienen los obispos, también “merecerían también ser escuchadas y sus opiniones tenidas en cuenta”.

Asimismo los obispos denuncian que el Estado Nacional no cumplió con los inventarios de glaciares y zonas periglaciares “que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo” como lo define el artículo 3 de la Ley 26.639 vigente y no obstante ya esté pensando en modificarla para hacerla menos estricta y por ende menos protectora de estas importantes fuentes hídricas contrariando el principio precautorio en materia ambiental”.

“Por otro lado, es sabida la importancia que tiene esta problemática para las comunidades que viven y cultivan la tierra en zonas cercanas a los glaciares y cuya principal, cuando no única, fuente de agua son los ríos que surgen de los deshielos de dichos glaciares” subrayaron desde la Pastoral Social, recordando que la sobre-explotación y la falta de estrictos controles en los últimos años en Argentina han producido reiterados accidentes por derrames de cianuro.

“Nos parece que sería imprescindible un adecuado proceso de diálogo y consulta previa, con la mayor cantidad de actores, de manera de llegar a consensos superadores, antes de promover iniciativas que podrían perjudicar no solo al ambiente sino a nuestras comunidades cordilleranas” concluye la Iglesia en lo que pareciera ser un nuevo punto de tensión con el Gobierno y las empresas del sector.

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