Desconocidos incendiaron las oficinas del organismo católico Cáritas en una ciudad del norte de Nicaragua, en medio de la aguda crisis que estremece al país, según denunció el obispo Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa.

"Me están informando que a altas horas de la noche quemaron las oficinas de Cáritas en Sébaco, Matagalpa", escribió el prelado en su cuenta de Twitter. 

Sébaco, situado a 100 kilómetros al norte de la capital, es una de las ciudades de la provincia de Matagalpa.

El canal 15 de televisión de Managua transmitió imágenes del incendio, que según vecinos fue precedido por disparos de fusiles AK-47, armas utilizadas por policías, paramilitares y miembros del Ejército. 

El atentado a Cáritas ocurre después de conocerse amenazas en las redes sociales y en medios informativos oficialistas contra sacerdotes y obispos del país que han apoyado las protestas contra el Gobierno. 

Además de amenazas anónimas, el veterano comandante Edén Pastora, funcionario del Gobierno en la zona sur del país, acusó en un programa de televisión a los obispos de ser "terroristas" y "golpistas". 

"Hacemos un llamado a la reflexión y el cese de la violencia. No podemos seguir destruyéndonos entre nosotros", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Leopoldo Brenes, en declaraciones este lunes al canal 12 de televisión. 

El cardenal lamentó los operativos armados realizados el domingo por paramilitares contra manifestantes civiles en localidades al sureste de Managua, que según organismos de derechos humanos dejaron al menos 10 muertos, 12 heridos y más de 15 detenidos. 

Brenes, quien también es arzobispo de Managua, dijo que los obispos realizarán una "oración de exorcismo" a San Miguel Arcángel el próximo 20 de julio, porque consideran que "todas estas acciones pueden ser obra del demonio que quiere apoderarse de Nicaragua". 

Nicaragua vive su peor crisis en 40 años, que comenzó con una protesta estudiantil el 18 de abril y se extendió por todo el país tras la violenta reacción policial. Organismos de derechos humanos independientes dan cuenta de 351 muertos, la mayoría jóvenes. El Gobierno solo reconoce 49 fallecidos.