La Jefatura de Gabinete intentará, lo antes posible, garantizar el financiamiento de los proyectos del Programa de Participación Privada (PPP), la principal traba que estos planes de obra pública tienen para poder funcionar. La intención de la repartición que maneja Marcos Peña es que desde ese ámbito se pueda arrancar con el demorado fideicomiso de aportes privados y públicos, para que las empresas comprometidas con la construcción puedan comenzar con los proyectos demorados, en muchos casos, en más de cuatro meses. Para el Gobierno de Mauricio Macri arrancar con las PPP resulta fundamental, ya que se trata de la única oportunidad que tiene Cambiemos para poder mostrar durante el electoral 2019 actividad en la obra pública, uno de los capítulos que el año pasado le permitió mostrar al público cierto progreso en infraestructura. Fuera de los programas de PPP, al Gobierno sólo le quedan las obras con financiamiento garantizado desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), todos importantes, pero de dimensión pequeña ante lo que busca el macrismo para mostrar en campaña. Más teniendo en cuenta que los proyectos con financiamiento con dinero proveniente de los recursos genuinos de la recaudación impositiva, están estrictamente prohibidos por los compromisos firmados por el propio Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo cerrado en septiembre pasado. Ante este panorama, la alternativa más directa son las PPP, un mecanismo lanzado por el Gobierno en el primer trimestre del año, pero que luego quedó congelado por la crisis financiera desatada en abril de este año y definitivamente sepultado con el estallido de la causa de corrupción de los “cuadernos”.

Sucede que la única manera para que los privados puedan conseguir dinero para los proyectos comprometidos en las PPP es con el aporte de bancos internacionales. Estos no sólo están en una posición prudente luego de la crisis financiera y el alza de las tasas locales a niveles exuberantes, sino que tienen estrictamente prohibido aportar dinero en proyectos donde intervengan empresas sospechadas (mucho menos condenadas) por actos de corrupción. El problema de fondo es que algunas de las constructoras que ganaron licitaciones para avanzar con las PPP, también figuran en el listado de compañías vinculadas con el pago de coimas durante el kirchnerismo. La consecuencia del combo Crisis + “cuadernos” fue la desaparición del financiamiento necesario para que las obras avancen. Ante esto el Gobierno lanzó un fideicomiso administrado por el propio Estado a través del Banco Nación y otras entidades públicas, donde los bancos aporten el dinero liberados de toda responsabilidad penal posterior. El primer aporte lo haría la propia entidad que maneja Javier González Fraga (que destinó unos u$s200 millones); más otros u$s400 millones depositados por las UTE que ganaron licitaciones como garantía para su adjudicación. Este dinero sólo cubre el 30% de los fondos necesarios para las obras de 2019 y, se sabe, si no interviene la banca privada no habrá posibilidades de financiamiento. La tarea de la jefatura de Gabinete de Marcos Peña será ahora convencer a los bancos que pueden aportar el dinero sin quedar comprometidos legalmente con las constructoras. Y que cualquier nuevo desvío en las tasas de interés quedará salvaguardado por la acción del propio Gobierno. Peña comenzará la próxima semana con las reuniones, donde se piensa cruzar a funcionarios, entidades financieras con constructoras. Incluyendo varias cuyos dueños circulan, cada tanto, por el juezgado de Claudio Bonadio.

Esta nueva responsabilidad de Peña es la causa por la cual la ejecución de las PPP pasó de los ministerios de Interior de Rogelio Frigerio y Transporte de Guillermo Dietrich al primer piso de la Casa de Gobierno; donde sólo el jefe de Gabinete atiende a los invitados. Destrabar las PPP es así fundamental para que durante 2019 haya obra pública que inaugurar.