por Luis Badilla

La decisión del Papa Francisco de nombrar como nuevo arzobispo de La Habana al obsipo de Camagüey, mons. Juan García Rodríguez, parece haber provocado una gran sorpresa en Cuba, y no solo allí. En principio, porque no estaba en la lista de “favoritos”, y probablemente porque también se había difundido la idea de que la aceptación de la renuncia del cardenal Jaime Ortega, presentada hace cuatro años, sería concomitante con los 80 años del purpurado (18 de octubre). Sin embargo, una señal importante de que las cosas habían tomado otra dirección llegó hace pocos días en el primer encuentro oficial, al más alto nivel, de una delegación del Gobierno con otra del Episcopado, para dar comienzo al proceso de discusiones que conduzca a la definición de un estatus jurídico, claro y específico, para la Iglesia Católica en Cuba. El nombre del cardenal Ortega, como señalamos el pasado 22 de abril, no estaba incluido en la delegación episcopal, y eso podía tener una sola lectura: se acercaba la despedida.

Se podría decir, entonces, que hace pocos días se inauguró en Cuba una nueva etapa en las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno, y de una manera muy significativa y simbólica el nombramiento de mons. García Rodríguez marca el comienzo de nuevos rumbos; rumbos que sin duda seguirán los mismos senderos del pasado, en tiempos del cardenal Ortega: máxima discreción, mucha paciencia, completa sinceridad y franqueza, y sobre todo nada de mediático o espectacular. En ese estilo, que no es solo una cuestión de forma y de formalidad, la Iglesia y el Gobierno de Cuba se parecen muchísimo. Y desde ese punto de vista el nuevo arzobispo es una garantía. El arzobispo de Miami, mons. Thomas Wenski, comentando el nombramiento dijo ayer: “Yo creo que este hombre tiene el olor de sus ovejas”; comentario que, por otra parte, es recurrente dentro y fuera de la Isla.

Estado-Iglesia: 1996-2016. Con el alejamiento del cardenal Ortega se cierra una etapa de 20 años, que comenzó con la visita al Vaticano  y la audiencia de san Juan Pablo II al entonces presidente Fidel Castro, seguida por los viajes a Cuba de otros dos Papas, Benedicto XVI (2012) y Francisco (2015), y la visita al Vaticano en mayo del año pasado de Raúl Castro. Fueron los años del deshielo, de los primeros encuentros, de las primeras conversaciones y de los primeros acuerdos, y de ese modo las “partes”, progresiva y gradualmente, se conocieron de cerca, se midieron una a otra y fueron consolidando un vínculo de confianza y credibilidad, incluso de relaciones personales respetuosas. Fue un proceso sin el cual nada de los que hemos visto en estas dos décadas hubiera sido posible ni siquiera remotamente. Hay que recordar, porque es muy importante, que en esos años la Santa Sede siempre nombró en Cuba diplomáticos de altísimo nivel, y por lo tanto, salvo algunas excepciones, ellos también fueron artífices de ese proceso de acercamiento entre la Iglesia y el Estado después de 37 años de tensiones, desconfianza e incomunicación. Un obispo cubano, hablando de aquella época, nos comentó una vez: “Fueron años en los que algunos obispos solo le daban la mano a los gobernantes en las recepciones diplomáticas, aunque sin decir ni una palabra”. La etapa que se cierra con la despedida del cardenal Ortega, donde se fue construyendo el cambio en las relaciones Iglesia-Estado, lleva el sello del estilo y la amplitud de miras, así como el coraje y la rigurosidad del arzobispo de La Habana. Parece seguro que mons. García Rodríguez, en este sentido, no cambiará ni una coma. El nuevo arzobispo, por otra parte, siempre apoyó y alentó la obra del cardenal Ortega, que no siempre tuvo a su lado a todos los obispos cubanos.

El futuro de las relaciones Iglesia-Estado. Mucho de lo que puede ocurrir en el futuro en estas relaciones depende de dos factores clave: por un lado, la confianza del Gobierno de La Habana en la persona del nuevo arzobispo, entendido como interlocutor autorizado y representativo aunque no sea presidente del Episcopado. La probable púrpura cardenalicia reforzaría considerablemente ese rol del nuevo arzobispo. Por otra parte será fundamental el tipo de relación de mons. García Rodríguez con el clero y con sus hermanos del Episcopado, donde pese a la unidad fundamental y de fondo en las principales opciones, no faltan las diferencias y los matices, debidos en gran medida a las diversas situaciones de cada diócesis.

La estructura institucional cubana contempla en el caso de las relaciones del Estado con las confesiones religiosas un intermediario específico: la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, dirigida por Caridad Diego, uno de los 142 miembros del Comité Central del Partido. Es una intermediación que en estos años ha dado muchísimos buenos frutos en las relaciones con la Iglesia Católica cubana, pero hoy resulta obsoleta y superada por acontecimientos de trascendencia histórica. Los obispos aspiran a una relación directa, institucional y no personalizada, con el Estado y con el Gobierno, y eso es parte fundamental de un estatuto jurídico para la Iglesia local. No solo porque con la mediación de la Oficina todo se vuelve burocrático, sino porque degrada la relación. Este tema, sin embargo, supera al Gobierno y al Estado, y apunta directamente al Partido Comunista, que teóricamente no debería tener ningún obstáculo o prejuicio al respecto, visto que su Primera Conferencia Nacional (2012) condenó cualquier discriminación por motivos religiosos. Y fue presidida por el mismo Raúl Castro. Entonces queda flotando en el aire una pregunta, nos dice un obispo: si esta es la situación actual, ¿por qué darle a la Iglesia y al Episcopado el mismo trato que a “un usuario cualquiera, que debe hacer fila delante de la ventanilla?” . Sí corresponde “en la relación de las autoridades con cada obispo en particular, pero la Iglesia es una institución, un cuerpo, una comunidad”, agrega.

Para terminar, hay que tomar en cuenta otro aspecto, aunque sobre eso todavía pesan las sombras del resultado final de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es sabido y evidente que la verdadera y definitiva normalización de las relaciones entre La Habana y Washington tiene una conditio sine qua non: el fin del embargo contra Cuba que debe decidir el Congreso de los Estados Unidos. Eso implica el fin de todas las hostilidades anti-cubanas que todavía se encuentran oficialmente vigentes y reciben el apoyo de millones de dólares destinados a organizaciones y personas para realizar actividades en contra de la Revolución castrista. Si no se resuelve de una manera leal y honesta esta cuestión, nada secundaria o marginal, podría retroceder las agujas del reloj, y eso, obviamente, tendría consecuencias internas insidiosas.