La Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que requiera a varias embajadas argentinas en el exterior que busquen e informen sobre normas o procedimientos que permitan relevar y pedir el levantamiento de la reserva sobre reportes vinculados al ataque producidos o en poder de esos países.
Tomó como antecedente el éxito obtenido con la Ley de Libertad de Información estadounidense, por la cual se obtuvieron tres documentos desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia y una copia de otro.
Ese material se sumó al remitido por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia Policial de Uruguay y la Fiscalía Nacional de Chile.
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