La Comisión Europea, que representa los intereses comerciales de los 28 países miembros de la Unión Europea, estaría dispuesta, según un cable de la agencia Reuters que Clarín pudo confirmar de fuentes europeas este martes, a aceptar un pacto con los productores argentinos de biodiésel.

Se trataría de cerrar el diferendo que se arrastra desde hace siete años por las acusaciones europeas de que el biodiésel recibe ayudas ilegales según las normas europeas y por lo tanto hace dumping  (venta por debajo del costo) y debe pagar aranceles para entrar en el mercado europeo.

Los productores argentinos de biodiésel ya estarían al corriente de los planes de la Comisión Europea. El pacto conllevaría que la Unión Europea renunciara a la imposición de aranceles a cambio de que el biodiesel argentino se venda siempre en Europa a un precio mínimo que se fijaría por acuerdo.

 

Bruselas intenta así encontrar una solución que satisfaga tanto a la Argentina como a los productores europeos de biodiésel, que llevan años protestando porque consideran que el producto nacional recibe ayudas del Estado ilegales que le permiten vender en Europa por debajo del precio de producción, sacando así al biodiésel europeo del mercado al hacerlo poco competitivo en precios.

Una fuente de la Comisión Europea explicó a Clarín que los productores argentinos deben responder a la oferta como muy tarde esta semana y que si la aceptan los gobiernos del bloque europeo deberán decidir como muy tarde a finales de este mes.

Si no hay acuerdo, los aranceles se convertirán en permanentes a finales de febrero y podrían estar en vigor durante años. Esos aranceles se situarían, según contó Clarín en diciembre, entre el 25% y el 33,4%.

La Unión Europea impuso aranceles al biodiesel argentino en 2013 y tuvo que eliminarlos en marzo de 2018 después de que los productores argentinos ganaran un proceso ante la Organización Mundial de Comercio y otro ante el propio Tribunal de Justicia de la UE, que dictaminó que la Comisión Europea había calculado mal el costo de producción del biodiésel nacional.

Esos dictámenes parecían cerrar el caso y Bruselas anunció el pasado septiembre que no volvería a imponer aranceles al biodiésel argentino aunque dejaba la puerta abierta al decir que seguiría estudiando el caso pero “a la vista de los resultados (de sus investigaciones), sin imponer medidas adicionales”.

Tres meses después, bajo la presión de los productores europeos, volvió a cambiar de opinión y amenazó con aranceles. En diciembre dijo que “a la vista de las conclusiones alcanzadas, debería imponerse un arancel definitivo para prevenir la materialización de la amenaza inminente de daño material en la industria de la UE por parte de importaciones subsidiadas”.

Bruselas siempre sospechó que el gobierno argentino aplica mecanismos fiscales o ayudas a los productores para abaratarles la producción, una práctica que prohíben las normas europeas de competencia.

Las fuentes consultadas en Bruselas no quisieron dar más detalles sobre el posible pacto, por ejemplo si incluiría una cuota máxima de exportación además de un precio mínimo.