La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ya tiene vía libre resolver si reabre o no la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, en la que involucró a Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y Andrés Larroque. La audiencia previa al fallo, donde las partes explican su postura, estuvo ayer a un paso de convertirse en un espectáculo político, cuando los abogados de la DAIA quisieron leer un texto que llamaba a imaginar qué hubiera pasado con el Memorándum con Irán y la investigación si Daniel Scioli era Presidente. Pero la titular del tribunal, Ana María Figueroa, les dijo que sólo podían hacer exposiciones jurídicas, por eso echaron a rodar el texto por la web. La entidad pretende ser querellante y que se investiguen supuestas pruebas nuevas que, alega, no existían cuando fue cerrada la denuncia en 2015. Según las defensas y el fiscal Javier de Luca, tal como resolvieron los jueces de primera y segunda instancia, no hay (ni hubo) delito alguno que motive una causa penal. Casación tiene veinte días para resolver.

 Lo que quiso leer la DAIA fue, más allá de la chicana, un sinceramiento. Graciana Peñafort, defensora de Timerman, dijo que el expediente representa una “persecución política” donde “la justicia se dejó de lado”. Tanto ella como la jurista Lucila Larrandart, abogada de Larroque, fueron franqueadas por un grupo de mujeres entradas en años al final de la audiencia con carteles que decían: “traidores”.

–Señora, pida justicia por los muertos de la AMIA–,  le devolvió Peñafort a una de las manifestantes. Los letrados de la DAIA se acercaron a decirle que no tenían nada que ver con ellas. Sin embargo, ya los habían visto compartir un diálogo confianzudo.

La DAIA busca reabrir la denuncia que hizo Nisman cuatro días antes de su muerte en base a lo que presenta como dos evidencias nuevas: la grabación subrepticia de una conversación telefónica entre el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, y Timerman, en la que éste afirma la responsabilidad de Irán en el atentado. Al ex canciller lo acusan de suscribir el pacto con ese país para beneficiarlo, como si eso equivaliese a que se levantaban las alertas rojas para capturar a los sospechosos. La acusación contra Irán era la postura oficial que tenían el Gobierno y el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Además, dice que como quedó firme la inconstitucionalidad del Memorándum, eso agrega una prueba de animosidad. Con toda esta teoría insistieron ayer el secretario general de la institución, Santiago Kaplun, y Gabriel Camiser.  “La reapertura es inevitable”, dijeron. Pidieron que se revoque la resolución de la Sala I de la Cámara Federal, que rechazó dos veces abrir la investigación, y que se aparte a los jueces que resolvieron en contra de sus intereses: Daniel Rafecas en primera instancia, y los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

La (cuestionada) facultad de querellar de la DAIA  fue señalada por los abogados y abogadas de la defensa y el fiscal De Luca como un tema que debía ser resuelto antes que nada, por lógica. Para ellos carece de la personería necesaria para impulsar la investigación y eso impediría que siga la discusión. Peñafort y De Luca  señalaron (éste último por escrito) que los letrados de la entidad se dieron un poder a sí mismos en lugar de obtenerlo del órgano con capacidad legal, el consejo directivo. Larrandart hizo notar que la DAIA se interesó recién este año por querellar.  

Alejandro Rúa, también abogado de Timerman, le explicó al tribunal que las supuestas pruebas nuevas de la DAIA no son tales porque no muestran que los hechos sean distintos o novedosos. Aunque la posición del ex canciller sobre la culpabilidad de Irán era lo que explicaba el acuerdo para lograr que los sospechosos declararan, según Rúa la grabación, que fue furtiva, es nula. La inconstitucionalidad del Memorándum ya había sido declarada por la Cámara Federal antes de la denuncia de Nisman. Pero los fiscales no impulsaron el tema para que llegara Casación. No bastaría que lo diga una querella.

Larrandart, ex jueza de tribunal oral y ex titular del Departamento de Derecho penal de la UBA, afirmó que nunca había visto “tantos disparates”, incluida la denuncia de Nisman. Señaló que el acuerdo con Irán mostró que había voluntad por que se investigara el atentado. Y que no se puede ignorar la contundencia de Interpol, que a través de su ex secretario Ronald Noble, ante la denuncia de Nisman explicitó que las alertas rojas para detener a los iraníes estaban en pie y que nadie interpretó que el Memorándum las daba de baja: el único que podría hacerlo es el juez de la causa. En coincidencia, De Luca sostuvo que el argumento de la DAIA y de Nisman es “simplista” y muestra “desconocimiento del tema”. Añadió que “lo que se decida desde la Argentina no es vinculante para Interpol” tampoco. Razonar que el Memorándum era para ayudar a los prófugos es “más vulgar que jurídico”, advirtió. Aun así, recordó que sólo se puede impulsar la causa si hay delito, pero cree que no lo hay.  

Larrandart alertó que la apertura de otra causa a cargo de Claudio Bonadio, por iguales hechos pero calificados como traición a la patria, violaría el principio de que no se puede juzgar a nadie dos veces por lo mismo. Con un planteo como aquel, dijo, en especial alusión al fiscal Germán Moldes, nadie hubiera aprobado con ella Derecho Penal. Hasta ahora, en Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos avalaron que siga la causa de Bonadio. En tribunales todo el mundo apuesta a que este dúo de casadores avalarían la reapertura, en la que también intervienen, con Figueroa.