Drogas. Iglesia y especialistas contra proyecto K de despenalizar consumo

Drogas. Iglesia y especialistas contra proyecto K de despenalizar consumo

“Rechazamos de plano la despenalización, y el Papa también”, según indicaron desde la Iglesia. Por su parte, la titular de la Cátedra Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata sostiene que “no se puede legalizar una sustancia que es nociva para la población”.

Los dichos del titular de la Sedronar, el sacerdote Juan Carlos Molina, reabrieron la polémica sobre la despenalización de las drogas. El funcionario afirmó el domingo que “habilitaría el consumo de todo” y anunció proyectos para descriminalizar a los consumidores. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, avaló públicamente esas iniciativas, aunque dentro del Gobierno y de la misma Sedronar hay posiciones encontradas. Pero también hubo fuertes críticas desde la Iglesia y la oposición. Las opiniones de los especialistas, en tanto, se dividieron entre cuestionamientos y avales.

Molina había anunciado una serie de proyectos para modificar la Ley de Estupefacientes en los casos de tenencia para consumo. “La idea es ver a nuestro hermano, ver a aquel que padece un problema de adicción, tanto de alcoholismo como el uso de estupefacientes, y de cómo entender una política muy activa para garantizar inclusión”, explicó Capitanich. El mismo Molina aclaró ayer que la iniciativa apunta a “la modificación del artículo 5” de la ley, porque considera que “hay que penalizar la comercialización, y que los dealers tienen que ir presos”.

La Iglesia cuestionó con dureza la idea de “habilitar todo”. El padre Pepe Di Paola aseguró que es “un comentario inapropiado” y dejó en claro que el Papa está en contra. “No estoy de acuerdo con la despenalización, y el Papa tampoco. Lo que dijo Molina no tiene que ver con lo que nosotros trabajamos día a día, ni con el Espíritu de Francisco”, aseguró el sacerdote, que es coordinador Comisión Nacional de Drogadependencia del Episcopado Argentino. El obispo Jorge Lozano también cuestionó la medida y dijo que lo urgente es la lucha contra el narcotráfico.

Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de Argentina, también fue duro con Molina: dijo que hizo “una carta abierta al Papa Francisco para que se lo excomulgue”. Y agregó que “se ha convertido en vocero de George Soros –que lo nombre recientemente–, que desde 1992 está impulsando la legalización de las drogas en toda América”.

En tanto, Ana María Girardelli, titular de la Cátedra Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, dijo que “la experiencia clínica indica que el alcohol es la droga que mayores deterioros causa en la salud de la población y es legal, de manera que la legalización de las drogas no me asegura que disminuyan los efectos sobre la salud. No se puede legalizar una sustancia que es nociva para la población, como sucede con cualquier otra sustancia perjudicial como un veneno o un plaguicida”, concluyó.

La fiscal general Mónica Cuñarro, especialista en narcotráfico y drogas, dijo en una entrevista radial: “El acento penal debe estar puesto en el que vende, oculta y lava dinero con las drogas. Si la idea de Molina es sólo reformar un artículo de la ley, creo que es poco para resolver el problema. En tanto, los padres deben saber que no va a hacer un viva la pepa, que la problemática de las drogas es un dato de la realidad y que hay que analizarla en el contexto de la salud y la prevención”.

La visión de los que trabajan en los centros de rehabilitación es distinta. Fabián Tonda, de la Fundación Aylén, le dijo a Clarín: “No estamos de acuerdo con legalizar las drogas, pero sí en despenalizar el consumo personal que se realiza en ámbitos personales. Creemos que el chico que consume no debe ser abordado desde lo penal, sino desde el sistema de salud. A partir del caso Arriola, que sentó jurisprudencia, se está dando una situación de hecho: hay menos chicos que tienen causas penales por consumo, pero como puede quedar librado a la interpretación de un juez, coincidimos en la necesidad de reformar la ley para que hay un criterio común”.

En esa línea se ubica Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas. “Hace mucho tiempo que insistimos en la necesidad de modificar la ley 23.737 por los efectos perversos de perseguir y criminalizar a quienes consumen. Apoyamos la modificación”.

La política de drogas del Gobierno fue cuestionada por Margarita Stolbizer y Victoria Donda, entre otros representantes de la oposición. También el diputado nacional Felipe Solá, del Frente Renovador: “La idea de habilitar toda la droga, indica que tiene un profundo desconocimiento sobre el tema central, y es que no todas las drogas son iguales: ya que son muy diferentes por la adictividad que tienen, el efecto que producen y el grado de deterioro físico, mental y neurológico que pueden crear”.

En favor de la medida se pronunció el intelectual Ricardo Forster. “Hay que tener políticas de contención. Estoy a favor de la despenalización, se ha demostrado que persiguiendo al consumidor aumentan los precios y lo hace más terrible. Habría que avanzar en un debate nacional y parlamentario, donde sin hipocresías ni cinismos se discuta con madurez democrática. En Uruguay no se convirtieron todos en marihuaneros porque el gobierno logró avanzar en una problemática como esta”, aseguró.

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