Ante la Corte Suprema, la ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo, dijo que sí, que hay razones pedagógicas para que las escuelas públicas de esa provincia incluyan obligatoriamente las clases de educación religiosa en la currícula. “Entendemos que contribuye a la formación integral, como la formación ética o la educación artística” destinada a “acompañar a alumnos de entre 6 y 12 años a desarrollar espíritu crítico, trabajar en colaboración con otros y conocer las religiones del mundo”, detalló. Eso, amplió más tarde, incluye “tanto la teoría del creacionismo como la de Darwin”. La respuesta fue una de las explicaciones que la funcionaria salteña brindó durante la hora en que, como representante de la provincia demandada, respondió a las dudas formuladas por el máximo tribunal, que resolverá acerca de la ley de educación de Salta y su implementación. Durante la audiencia expusieron también el presidente y el director de litigios de la ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que representó al grupo de madres, Hernán Gullco y Alejandro Segarra; un abogado que, en carácter de padre de alumnos de escuelas públicas salteñas, defendió la aplicación de la ley; y dos docentes de “educación religiosa” de distintos establecimientos, Francisco Lópes y Mirna Tolaba, que estuvieron acompañados por el abogado docente de la UCA que preside la Fundación Civilidad (de lazos íntimos con el integrismo católico y las usinas más conservadoras del PRO). 

Entre el público se encontraban algunas de las madres que hace siete años comenzaron a transitar el camino del amparo colectivo. Aunque se habían preparado para hablar ante los jueces y contarles en primera persona por qué cuestionaban la decisión del Estado provincial, finalmente no les fue concedida la palabra. “Nos dijeron que era una instancia técnica”, explicó una de las madres a PáginaI12 al terminar la audiencia. “Nunca nos imaginamos, cuando presentamos el recurso de amparo, en 2010, que íbamos a estar en una audiencia acá, ni lo hicimos pensando eso”, señalaron.

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La ministra Berruezo, quien estuvo acompañada por la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, definió a la educación religiosa como “una disciplina”. “¿Existe una razón pedagógica para que educación religiosa sea incluida en la currícula y tenga que darse en forma obligatoria y no opcional, como podría ser fuera de clase?”, preguntó el juez Juan Carlos Maqueda, antes de que la ministra refiriera, como motivo, que esa asignatura “contribuye a la formación integral” y que eso “no deslinda un trabajo puntual, por ejemplo, con la Educación Sexual Integral”. “Noso- tros consideramos que los propósitos y el trabajo al interior de cada escuela y en base a la currícula requiere estar en horario escolar, y tiene como objetivo acompañar a alumnos de entre 6 y 12 años a desarrollar espíritu critico, trabajar en colaboración con otros, conocer religiones del mundo”, añadió.

Cuando Horacio Rosatti indagó si hay “algún trabajo para articular ciertas enseñanzas que pueden darse en religión y otras que pueden venir de la ciencia”, Berruezo dijo que “cuando en clase de religión se habla del origen del hombre, se dan todas las teorías. Incluyo aquellas que fueron seleccionadas por los papás (N. de R.: de acuerdo con su elección de credos a enseñar a sus hijos) y que transversalizan desde sus credos a las ciencias naturales. Hablamos tanto de la teoría del creacionismo como de Darwin”, detalló.

El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, indagó a Berruezo acerca de si la decisión de dictar un materia que lleve a separar alumnos (quienes sí participarán de esa hora, quiénes no) no es discriminatorio. La ministra había aseverado que una encuesta reciente reafirmaba el hecho de que la mayoría de la población salteña es católica, por lo que la ley es la expresión de la voluntad de esa mayoría. 

La ministra Berruezo procuró asegurar que la enseñanza religiosa no es obligatoria en las escuelas públicas salteñas. Por eso, la autorización, o mejor dicho, el formulario, en el que los padres deben dar constancia por escrito de si quieren que sus hijos sean alumnos de “educación religiosa” o no fue uno de los ejes  que más preguntas concitó, por su nivel de formalidad y por la implicancia que la obligatoriedad de entregarlo puede tener para las familias y el Estado. 

La posibilidad de dictar enseñanza religiosa fuera del horario de clases regular, es decir, como algo optativo, no considerado dentro de la currícula (la posición de las madres y ADC), fue otro de los puntos nodales de las preguntas. Lorenzetti inquirió por qué el Estado salteño no considera esa posibilidad. “Entendemos que educación religiosa forma parte de la currícula y nos parece importante como parte de la formación integral. Por otra parte, por cuestiones de organización del espacio, la designación de docentes en otro horario genera una movilidad general entre personas que dictan esta disciplina y son docentes del sistema. Defendemos que debe estar en horario escolar”, dijo Berruezo.