“Después de cada elección, cada partido tiene que hacer la rendición de fondos de la campaña que transcurrió. Nosotros lo hicimos, lo presentamos en la Justicia y no hay nada que ocultar”. Estas fueron las primeras palabras de la gobernadora María Eugenia Vidal luego de que salieran a la luz algunas de las irregularidades vinculadas a la investigación periodística de Juan Amorín respecto de los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos. 

“Lo que hemos hecho es pedir una auditoría dentro del propio frente electoral y, en segundo lugar, presentarnos en la Justicia”, agregó la mandataria.  También le iba a pedir la renuncia a quien era Contadora General de la Provincia y apoderada del Pro, Fernanda Inza. Y, por último, anunció la solicitud a Nación de modificaciones en la ley de financiamiento de campañas.

Por si fuera poco instruyó a su equipo, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pa-ra trabajar en un proyecto de financiación de campañas que sea exclusivo para la provincia de Buenos Aires. Los borradores son varios. Uno de ellos, el que sigue más de cerca el jefe de Gabinete, Federico Salvai, está a cargo del senador Dalton Jáuregui, presidente de la comisión de Reforma Política, y del subsecretario de Reforma Política bonaerense, Manuel Terrades. 

El porqué de la necesidad de encarar un proyecto propio y no adherir al que trabajó en Nación el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, tiene más que ver con una cuestión de tiempos, pues, en caso de no pros-perar la iniciativa oficialista que impulsa Silvia Lospenato (también hay proyectos similares de Graciela Camaño y Máximo Kirchner, entre otros), la Gobernadora habría incumplido con su palabra. 

De todos modos, vale decir que el proyecto nacional y el provincial van en el mismo sentido, ya que, en caso de diferir demasiado, podrían hasta no ser compatibles. O sea que para poder ponerlos a andar, las elecciones tendrían que ser desdobladas; situación que hasta ahora nunca se ha dado a nivel bonaerense (sí en la CABA, cuando se instrumentó el voto electrónico, en 2015, aunque en 2017 se volvió a las boletas tradicionales), y que tampoco está pensada para los venideros comicios. 

“Cuando surgió el tema del origen de los fondos y los aportantes, las decisiones que tomó María Eugenia (Vidal) fueron muy importantes. Primero, el apartamiento de un funcionario de su riñón; segundo, ordenar una auditoría interna para comprobar si hubo inconsistencias; en tercer lugar, ponerse a disposición de la Justicia; y la cuarta medida fue pedirle al presidente Macri que el Ejecutivo nacional presente un proyecto para modificar y actualizar un poco la ley de financiamiento de los partidos políticos, sobre todo en lo concerniente al origen de los fondos de los aportantes y la identidad quienes hacen los aportes”, señaló a La Tecla el mencionado Jáuregui. 

“Si el debate a nivel nacional no prospera, si no se logra sancionar una ley acorde, la Gobernadora se comprometió a bancarizar esos aportes para el financiamiento de la campaña. Es un debate que hay que dar, más allá del debate en Nación. Por eso es que estamos trabajando en un borrador, con un constante ida y vuelta con el Ejecutivo. Esta plaza San Martín (ubicada entre la Gobernación y la Legislatura) la cruzamos a diario. La idea es avanzar prontamente”, añadió el legislador olavarriense, señalando con un dedo índice y la cabeza hacia calle 7. 

Por supuesto, llegada la hora del debate, habrá que discutir o negociar fuerte; sobre todo en Diputados, donde Cambiemos no cuenta con un número tan favorable como en el Senado. Más allá de los detalles, en el oficialismo confían en que “todos los sectores” van a estar de acuerdo en que “la sociedad pueda tener acceso a la identidad de cada uno de los aportantes”, así como también al origen de esos fondos. Claro está, la referencia es para el dinero de los privados. 

“El aporte tiene que tener identidad, es necesario que la ciudadanía sepa de dónde vienen esos fondos”, explica Jáuregui, y abre el juego a las empresas, que hoy por hoy están prohibidas a nivel nacional. “Se incorpora el aporte de las personas jurídicas, por supuesto, con bastantes limitaciones; como, por ejemplo, que no se trate de una empresa que preste un servicio a la Provincia o que haya ganado una licitación”, cerró el especialista. 

Tal como indicó la mandataria provincial, el objetivo número uno del proyecto de ley tiene que ver con la bancarización de los aportes a los partidos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas electorales. Actualmente, la gran mayoría de las contribuciones son en efectivo, lo que significa un claro obstáculo para que la identidad del aportante sea pública. Por tanto, la iniciativa, siempre y cuando se apruebe, no permitirá el dinero físico en las campañas. 

Por otra parte, como se dijo, se estipula la eliminación de la prohibición a las personas jurídicas de realizar aportes de campaña. “Esta prohibición se encuentra entre las medidas introducidas en los últimos años que no han mostrado resultados positivos, en tanto no funcionó como mecanismo para generar mayor equidad”, se indica en el proyecto nacional. Y en el provincial, el punto será emulado; siempre y cuando las trabas surgidas en las últimas horas no prosperen. La causa de los cuadernos, con el foco en los grandes empresarios, es el punto que complica el avance de la ley.

La propuesta de la vuelta de las personas jurídicas tiene como fundamento que los aportes ocurren de todos modos, y que la principal consecuencia de esta restricción consistió en un aumento de la opacidad en el financiamiento. “Frente a la restricción, el dinero de las empresas ha seguido financiando campañas, pero lo ha he-cho sin que ese dinero sea registrado, dejando el financiamiento político aún más lejos del escrutinio público”, se añade. 

La ley provincial y los cambios en la ley nacional buscan básicamente que no haya que hacer más trampa, que no queden grises franqueables. “Que todos los frentes electorales estén sin sus rendiciones aprobadas desde hace dos campañas es porque hay un problema, claramente, de normativa”, manifestó Salvai días atrás, a la hora de anunciar ante La Tecla la presentación del proyecto provincial.

Y en ese camino se está. Si bien los borradores tienen un tiempo, la explosión de la causa de los aportantes truchos hizo que las reuniones se aceleraran. En Pro-vincia esperan que los trámites y el consenso avancen en el Congreso y, así, moverse en consecuencia. De lo contrario se intentará avanzar de igual manera. Y si por la causa que fuere, eso no sucediera, de todos modos Vidal se comprometió a que la campaña de Cambiemos sea bancarizada. n

MAS CAMBIOS

El proyecto oficial crea un registro de empresas que se dedicarán exclusivamente a la publicidad en la vía pública. Además duplica el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno: pasa de 15 a 30 días. Por último, el cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional electoral pasará de 8 a 25 miembros.

APORTE EN ESPECIES

Más allá del dinero bancarizado, la nueva ley permitiría que el aporte sea en especies, siempre y cuando esa especie pueda ser traducida en dinero y se conozca la identidad del aportante. Por ejemplo: si la persona tiene una imprenta y quiere aportar con ma-teria prima, puede hacerlo. 

El ojo, puesto en los responsables  financieros: uno debe ser contador

Otro de los cambios importantes pasa por los responsables económico-financieros. Antes del inicio de la campaña, ante el Juzgado Federal con competencia electoral, las agrupaciones políticas de-signarán a dos personas mayores de edad, con domicilio en el distrito correspondiente, afiliadas a alguno de los partidos políticos que conforman la alianza. ¿Cualquier persona? No. Una deberá ser autoridad partidaria o, en su caso, autoridad de algunos de los partidos políticos que componen la alianza; y la otra deberá tener el título de Contador Público. En caso de cometerse irregularidades en la campaña, este último quedará inhabilitado para el ejercicio de la profesión (se debe notificar la suspensión de la matrícula al Consejo Profesional de Ciencias Económicas) por el mismo plazo de la pena que le imponga el juez electoral. 

Mercado Pago, a la cancha

El borrador señala que el aporte en dinero deberá ser realizado mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales. “La idea es modernizar un poco la ley y ver más allá de lo bancarizado; estamos estudiando nuevos sistemas de aporte, siempre y cuando se respete eso de conocer la identidad del aportante, como aportes digitales, como Mercado Pago, por ejemplo”, afirma Jáuregui.

La publicidad en tele y radio, reducida a la mitad

Los proyectos en estudio y elaboración por el oficialismo en Provincia y Nación buscan que se reduzcan los tiempos que la radio y la televisión deben ceder para fines electorales. Hoy por hoy, el 10 por ciento del tiempo de la programación  (en época de campaña), es dado a los diferentes partidos y/o frentes electorales, pero los especialistas en la materia coinciden en que “resultó excesivo”, que es abrumador y hasta genera confusión. La iniciativa propone “conservar el principio de equidad en la distribución de espacios, pero reduciendo al cinco por ciento del total de programación el tiempo destinado a la publicidad electoral”. 

El proyecto de Castello: La alternativa de Cambiemos, de la mano del hombre de Carrió

Si bien el principal proyecto es el de Jáuregui, el “lilito” Guillermo Castello también puso manos a la obra y ya tiene lista su iniciativa, que ingresará en la Cámara Baja más temprano que tarde.  “Los particulares, sean estos personas humanas físicas o jurídicas, podrán realizar aportes tanto al Fondo Partidario Permanente como a los partidos políticos o agrupaciones municipales en forma directa”, señala Castello respecto del financiamiento privado, aunque en lo que concierne a los privados, el llamado de alerta de Carrió puede hacer que haya cambios. Y las prohibiciones, específicamente para la campaña electoral, están vinculadas con la recepción de contribuciones o donaciones anónimas (salvo las colectas populares); contribuciones o do-naciones de entidades autárquicas centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales o municipales, o de empresas concesionarias de servicios u obras públicas, de países, gobiernos, entidades o empresas extranjeras u organizaciones internacionales; contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales y de personas físicas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar, entre otras. En lo referido a los aportes estatales se estipula que “para el año en que se desarrollen elecciones a gobernador, la Ley de Presupuesto debe prever tres partidas diferenciadas: 1- para la elección de Gobernador; 2- para la de legisladores provinciales; 3- para la elección a Intendente municipal y Concejales”. 

Por otra parte vale resaltar que entre los fundamentos se señala que “se determina que cada aporte privado (sea éste realizado por una persona física o jurídica) no podrá ser superior ni exceder el dos por ciento (2%) del monto que corresponda al partido o agrupación en calidad de aporte público, sea éste permanente o para campaña electoral. El aporte privado a su vez puede realizarse al Fondo Partidario Permanente o directamente al o los partidos políticos o agrupaciones políticas municipales que decida el aportante”.

La carta que tiene el kirchnerismo para dar pelea en la Legislatura

El tema no es nuevo. En la previa electoral de 2017, la financiación de las campañas políticas ya tuvo un paso por la Legislatura bonaerense, aunque con poco éxito. Tanto el proyecto del senador Gervasio Bozzano (UC) como el del ahora ex senador randazzista Norberto García (Bloque Peronista) se cansaron de esperar y perdieron estado parlamentario. 

“Vamos a transparentar la política. Tenemos la obligación de darle al sistema político la transparencia que la sociedad nos demanda”, decía, allá por abril del año pasado, el presidente de la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, el massista Sebastián Galmarini. Pero todo quedó ahí. Entre otras cosas, según pudo saber La Tecla, se decidió no ir demasiado para adelante porque se trataba de un año electoral. 

“El proyecto de Bozzano no era malo, pero difícil de implementar”, dijo a este medio una fuente del Ejecutivo, a modo de re-sumen. ¿Por qué difícil de implementar? “Demasiado abarcativo”, agregó la fuente. Igualmente, cuando empiecen a tratarse las iniciativas del oficialismo (además de la del Pro, que trabaja Jáuregui, ya tiene una lista el diputado “lilito” Guillermo Castello y trabaja en otra el radical Maximiliano Abad), Unidad Ciudadana volvería a sacar a la cancha el proyecto del legislador kirchnerista. El mismo destaca que las donaciones de las personas físicas deberán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, en efectivo o cualquier otro medio siempre que permita la identificación del donante. Dichas contribuciones deben estar respaldadas con los comprobantes correspondientes. En el informe final de campaña se deberá consignar la identificación de las personas que hayan realizado las contribuciones o donaciones. En lo que respecta al dinero público, se indica que “la ley de presupuesto general de la administración provincial para el año en que deban desarrollarse elecciones, debe determinar el monto a distribuir en concepto de ‘Aporte Extraordinario para Campañas Electorales’. Para los años en que deban realizarse elecciones de Gobernador, la ley de presupuesto general de la administración provincial debe prever tres (3) partidas diferenciadas: una (1) para la elección de gobernador, la segunda, para la elección de legisladores provinciales y, la tercera, para la elección de cargos municipales”.