La despenalización salvó vidas

La despenalización salvó vidas

En Portugal, diez años después de despenalizar el aborto hasta las diez semanas de gestación, las cifras oficiales indican que la medida acabó con la mortalidad materna y está reduciendo progresivamente el número de interrupciones voluntarias del embarazo.

 

"La mayor de las mejoras fue prácticamente haber acabado con el aborto clandestino y las complicaciones que traía y eso es una ganancia en salud absolutamente extraordinaria", dijo el presidente de la Sociedad Portuguesa de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal, Luís Graça.

La Dirección General de la Sanidad (DGS) de Portugal informó que entre 2008 --año en la que entró en vigor la Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVG)-- y 2015, se realizaron 145.706 abortos voluntarios en el país, y que sólo murió una mujer, en 2010, por un 'choque tóxico' (causado por una toxina producida por algunos tipos de bacterias estafilococos) algo que ocurre en uno de cada 100.000 casos.

Las estadísticas relevaron cómo el número de abortos se reduce cada año desde 2011, cuando se registró el pico de casos, que fue de 19.921. "A partir de 2011 ese número de abortos totales disminuyó y esto se va a estabilizar hasta llegar a cerca de los 15.000 por año", señalo Graça.

En 2015 --último año con cifras oficiales-- se alcanzó el menor número de interrupciones, que fue de 15.873, un 1,9 por ciento menos que un año antes, sobre todo en mujeres de entre 20 y 24 años, en su mayoría desempleadas, según la DGS.

El organismo también expuso la escasa reincidencia, ya que el 70 por ciento de las mujeres que abortaron por decisión propia en 2015 lo hacían por primera vez, y que casi el 96 por ciento de las mujeres que se sometieron a una IVG recurrieron posteriormente a un método anticonceptivo.

El proyecto para despenalizar el aborto, presentado ante los portugueses el 11 de febrero de 2007, obtuvo el 59 por ciento de votos a favor y amplió el sistema vigente que restringía el aborto a casos de malformación del feto, riesgo para la madre o embarazos producto de una violación.

La ley portuguesa obliga a la mujer a tener un "periodo de reflexión" mínimo de tres días entre la consulta y la interrupción del embarazo. En el país, tradicionalmente católico, hay 1.300 objetores de conciencia que no realizan la práctica, entre ellos ginecólogos, obstetras y médicos de familia.

En los municipios de Cascais, Caldas de Rainha, Évora, Guarda y Viseu, entre otros, hay varios servicios de obstetricia donde solo hay objetores de conciencia, ante lo cual la mujer es enviada por el Estado a otros hospitales o recurre a servicios privados.

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