El asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), Carlos Cárdenas, fue secuestrado este lunes en su casa, en las afueras de Managua, por un grupo de paramilitares, denunció su esposa, Lisette Galeano.

En tanto, desde el gobierno de Daniel Ortega dicen que fue detenido en el marco de operativos en los que fueron apresados otras cinco personas acusadas de perpetrar "actos terroristas".

Cárdenas estaba en su vivienda junto con su esposa y su hija de 10 años de edad, cuando un grupo de paramilitares, encapuchados, lo obligaron a irse con ellos, bajo amenaza de matar a la niña si se negaba, contó Galeano.

La denuncia del secuestro se da en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos, la más sangrienta desde los años de 1980, también bajo la presidencia de Daniel Ortega, quien reconoce 198 víctimas.

La CEN actúa como mediadora en el diálogo nacional para superar la crisis entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Ortega, quien ha descalificado al clero, al que acusa de apoyar un supuesto "golpe de Estado".

El clero católico nicaragüense ha sufrido diversas agresiones, tanto verbales como físicas, desde que los obispos solicitaron al presidente adelantar para marzo de 2019 las elecciones de 2021, para dar salida pacífica a la crisis.

"Me dolió que los señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas", explicó Ortega el 19 de julio, durante la celebración del aniversario 39 de la revolución de Nicaragua.

A fines de julio pasado el cardenal Leopoldo Brenes advirtió que la Iglesia católica estaba sufriendo persecución por abrir las puertas de sus parroquias para que los heridos en protestas contra Ortega -civiles o policías- fueran atendidos, o porque los sacerdotes caminaban literalmente entre las balas para impedir muertes.

La religión católica es la más seguida en Nicaragua, con un 58,5 por ciento de una población de 6,3 millones de habitantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.