“Estos hechos que vinculan y salpican a la Iglesia no solo nos duelen. Rechazamos con energía todo caso de corrupción. La Iglesia debe colaborar con la Justicia para esclarecer la verdad de los hechos y someterse a sus dictámenes”, expresó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, en declaraciones al periodista Mariano de Vedia y publicadas hoy en La Nación, donde se refiere al escándalo de la posible colaboración de unas religiosas en actos de corrupción de funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

-¿Cómo repercuten en la Iglesia estas imágenes? 

-Estos hechos que vinculan y salpican a la Iglesia no solamente nos duelen. Rechazamos con toda energía todo caso de corrupción. La Iglesia debe colaborar con la Justicia para esclarecer la verdad de los hechos y someterse a sus dictámenes, como cualquier ciudadano. Y como lo hicimos en el comunicado, apenas se conoció el escándalo de los bolsos de López en el monasterio, manifestamos nuestro rechazo ante cualquier acto de corrupción, público y privado, pero de manera particular a los que involucren a miembros de la Iglesia, que por su misión y servicio, debieran ser testigos íntegros y transparentes del Evangelio que predicamos. 

-¿Hicieron los obispos alguna evaluación, alguna autocrítica? 

-Nosotros nos pronunciamos inmediatamente de conocido el hecho. Ya la presencia de López en el monasterio salpicaba a la Iglesia. Ante estas nuevas imágenes, estamos a la espera de que la Justicia esclarezca los hechos, pero en un contexto de dolor, sorpresa y de repudio a todo acto de corrupción. Nos ponemos al servicio de la Justicia para buscar la verdad de los hechos. Los jueces tienen que investigar y es fundamental que actúen con absoluta independencia y sin presiones. 

-¿Analizaron en el Episcopado la responsabilidad del monasterio? 

-El arzobispo actual, Agustín Radrizzani, está evaluando los hechos y seguramente investigará las responsabilidades que corresponden. La Iglesia respeta siempre la jurisdicción del obispo. Nosotros, como Episcopado, rechazamos lo sucedido. Alentamos a la Justicia a que actúe, nos ponemos a disposición de los jueces. 

-¿Las investigaciones pueden comprometer la actuación del fallecido arzobispo Di Monte? 

-La Iglesia no puede, por sentido corporativista, negar si han habido hechos. Siempre va a ser mi hermano obispo, pero si uno tiene que reconocer que ha actuado mal, lo tiene que hacer. Lo corporativo tiene un límite y ese límite son los valores de la verdad y la justicia. A uno le puede doler, pero si ha cometido un acto ilícito, tengo que reconocerlo, decirlo y lamentarlo. No se lo puede encubrir por un sentido de cuerpo. Cuando se pierden ese límite, lo corporativo se convierte en una especie de sociedad cerrada y eso no corresponde. 

-¿Preocupa a la Iglesia que salgan a la luz maniobras irregulares o vinculaciones poco transparentes con el poder? 

-Sí, claro, nos preocupa. La relación de la Iglesia con el poder tiene que ser de autonomía, de respeto y nunca de una cercanía tan sospechosa. No podemos avalar todo esto. Todo acto de corrupción es malo y más en estas circunstancias. Puede haber colaboración con el Estado, pero siempre en el respeto a la ley. Lo triste es que se haya utilizado de alguna manera a estas religiosas, aunque la Justicia tendrá que determinar las responsabilidades. 

-¿Las religiosas del monasterio son monjas? 

-Monjas no son, ciertamente. Son mujeres consagradas, a quienes el obispo Di Monte autorizó el uso del hábito religioso y cierta estructura. Han vivido en comunidad en esa casa de retiros en General Rodríguez. No son específicamente monjas, pero para la opinión pública es difícil comprender la diferencia entre si son efectivamente monjas o laicas consagradas. Es una asociación privada de fieles que comenzó a funcionar con la autorización del obispo e inició los trámites en Roma para ser reconocida como instituto de vida consagrada, pero eso no se completó. 

-¿Le parece bien que hayan recibido ayuda del gobierno kirchnerista para la construcción del propio monasterio? 

-No conozco en este caso cuánto se ha pedido ni cuánto se ha dado. Pero si se ha pedido algo al Estado, tiene que ser en blanco, en regla y transparente. Que no haya ninguna posibilidad de corrupción. Puede haber colaborado el Gobierno, también empresarios, no sé. La Iglesia quiere que se esclarezcan los hechos, que la Justicia actúe con independencia y libertad, y somos los primeros, nosotros, en necesitar la claridad de los hechos. 

-¿Más allá de la actuación de la Justicia, corresponde a la Iglesia investigar lo sucedido y tomar medidas? 

-Corresponde a la Iglesia a través del obispo de la diócesis, que irá evaluando y avanzando en el conocimiento de los hechos. Los obispados no dependen de la Conferencia Episcopal, sino directamente del Papa. 

-¿Podría intervenir la Santa Sede o el propio Francisco? 

-Podría ser. El Vaticano tiene capacidad para ello. Podría pedirle al obispo que investigue el hecho, que se constituya una comisión de investigación. Corre por cuenta de la Santa Sede, a través de la Nunciatura. El nuncio es el canal institucional y tengo entendido que habrá hecho conocer al Papa las novedades. 

-¿Cómo afecta este hecho grave a la credibilidad de la Iglesia? 

-Es algo que nos duele. La gente tiene que saber que la Iglesia está comprometida con la verdad, la justicia y el amor, pero a veces llevamos ese Evangelio en vasijas de barro. Que la fragilidad humana no oscurezca la grandeza del mensaje de Jesucristo, predicado por hombres frágiles. Nos duele que miembros de la Iglesia estén involucrados, cuando deberían ser testigos íntegros y transparentes del Evangelio que predicamos. Somos los primeros en acusarnos.