Tras las críticas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a los movimientos sociales, por considerar que financian las protestas, y la acusación a algunos de sus integrantes de estar vinculados con el narcotráfico en las villas, los curas villeros de la capital y el gran Buenos Aires salieron a respaldar a esas organizaciones y advirtieron que “si queremos trabajar por la paz social tenemos que reconocer en primer lugar el valor del otro en cuanto otro y su aporte al bien común”.

La posición de Bullrich había generado un roce con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien defiende los subsidios a los desocupados de los asentamientos por los que abogan los movimientos sociales y destaca la tarea que hizo su cartera de “depuración” de la lista de beneficiarios y quita de “intermediarios” para la canalización de la ayuda. A la vez que destaca que el objetivo final es que consigan empleo. El viernes ambas funcionarias acercaron posiciones.

En un comunicado titulado “Los movimientos sociales y su compromiso por una patria para todos”, los curas villeros dicen -sin nombrar a Bullrich- que quieren destacar “algunos de los aportes de los movimientos sociales# porque "a veces se escuchan distintas voces que los descalifican. Estos movimientos -puntualizan-están integrados mayoritariamente por personas humildes y pobres. Y todo lo que de alguna manera fomente el rechazo a los pobres duele en el alma”.

Encabezados por el obispo Gustavo Carrara y el padre José María “Pepe” Di Paola, los curas villeros subrayan que estas organizaciones “son muchas veces -a través de sus integrantes- las que terminan tendiendo la mano en situaciones de la vida diaria y fortalecen con su presencia el tejido social”. A la vez que subraya que “contribuyeron a que salga la Ley de Emergencia Social y, más recientemente, a la sanción de la ley de Integración Socio-Urbana.

Puntualizan que “el salario social complementario que reciben estos trabajadores y trabajadoras va rápidamente a la economía real: se invierte en alimentos, en algo de ropa para su familia o en algunos ladrillos para mejorar la propia casa. Obviamente no se especula con ese poco dinero, ni se deja de pensar primero en el pan para los hijos. El deseo de la inmensa mayoría es tener acceso a un mejor trabajo, por ejemplo en la obra pública o en el ingreso en alguna PYME, que son las que mayoritariamente dan más puestos de trabajo”.

En cuanto a la ley de integración urbana, apuntan que “han relevado en un trabajo coordinado con el Estado, junto a otras organizaciones –como Caritas-, las villas y barrios precarios de nuestra patria. Los ha movilizado esa sabiduría popular que sabe que la tierra es nuestra casa común. Y que toda familia tiene derecho a un pedazo de tierra”.

“En estos barrios relevados, en perspectiva histórica, prácticamente no hubo presencia del Estado, y en muchos de ellos se instaló el narcotráfico. Los vecinos y vecinas son los primeros en padecer las consecuencias, en aquello más sagrado que tienen, en sus hijos e hijas”, sostiene el texto.

En ese sentido, dicen que “eso los ha empujado a organizarse y a pensar no sólo en sus hijos sino en los de los vecinos. Al encontrar un espacio de participación comunitaria en distintos movimientos sociales, empezaron caminos de prevención y de asistencia directa”.

“Donde la mano invisible del mercado con su teoría del derrame nunca termina llegando, porque la copa siempre necesita crecer más, donde el Estado a duras penas hace pie y a veces le falta inteligencia para resolver temas concretos, son muchas veces los movimientos sociales -a través de sus integrantes- los que terminan tendiendo la mano en situaciones de la vida diaria y fortalecen con su presencia el tejido social”.

Finalmente, consideran que “es imprescindible valorar todo lo que el pueblo pobre trabajador realiza para vivir con dignidad. Su no bajar los brazos, su no renunciar al bien posible en medio de grandes dificultades. Esto merece nuestro compromiso de construir puentes de proximidad, apostando por la cultura del encuentro”.