Hoy estamos regidos por la ley 27.191 que implica una diversificación gradual en la matriz eléctrica, alcanzando en 2025 un 20% de energías renovables. El año 2018 debería haber acabado con un 8%, pero distintas percepciones del riesgo país han retardado este objetivo hasta mediados de 2019.

 

 

Sin embargo, se han impulsado distintas medidas para dar continuidad con este proceso. Se ha promocionado la industria local, incentivando fiscal e impositivamente a aquellos proyectos que tengan mayor contenido nacional en su obra y equipamiento. Se estructuraron licitaciones de menor envergadura con las distribuidoras para aprovechar capacidad eléctrica disponible. No obstante, se requieren mayores obras para dar impulso al desarrollo largo plazo de generación, que son a la fecha el cuello de botella de las energías.

 

 

Las obras de transporte eléctrico son las encargadas de transportar, valga la redundancia, los electrones generados por las fuentes de generación a los centros de distribución para que lleguen a las casas o industrias. Estas obras fueron enmarcadas en el esquema de PPP -participación público privada- y a la fecha no disponen de futuro cierto. Resultarían impracticable en su ejecución tal como fue previsto, debido a la reducción del gasto público que establece el acuerdo de la Argentina con el FMI. Lo cierto es que, hasta que estas obras -que podrían demorar dos o tres años- no se inicien, no lograríamos hablar de un futuro sostenible de energías renovables.

 

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Las medidas de mitigación al efecto del cambio climático que se asumió en el protocolo último de París comprometen a la Argentina, y a los países adheridos, a reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Una de las principales medidas es la generación limpia. Países como Uruguay consiguen abastecer en momentos del año 100% de su consumo con energía limpia, y Chile ha definido un plan de descarbonización de la matriz eléctrica, sustituyendo esa generación con fuentes limpias. Aprovecho para desmentir que las energías renovables encarecen la tarifa. La razón por la cual Argentina tiene una de las tarifas más bajas de Latinoamérica es por la política de subsidios que los últimos años ha intentado normalizarse.

 

 

Gracias a que las energías renovables son una gran "tendencia" internacional, estas medidas no solo despiertan conciencia ambiental, sino financiera. El Project Finance es el instrumento para financiar este tipo de proyectos, que obliga a estructurar un cúmulo de normativas lo suficientemente estables y seguras para estos montos de inversión. Lamentablemente, los project finance puros, es decir sin otro tipo de garantía más que la propia venta de energía, no han podido estructurarse masivamente, y la mayoría de los financiamientos han partido de créditos corporativos a las empresas de generación argentina tradicionales. Es decir, le ha faltado a la Argentina el anzuelo de atractivo internacional.

 

 

 

No parecería haber pendientes, sino lecciones aprendidas. Y, sobre todo, el país requiere en este sentido continuidad. Hay un gran desafío por delante que demanda una versión estratégica y de largo plazo. Sin ella, carecerían de sentido todas las iniciativas hasta ahora promovidas.