Todos los presuntos delitos de pagos de sobornos que se están ventilando en la denominada causa de los cuadernos no tendrán ninguna consecuencia penal para las empresas involucradas si fueron cometidos con anterioridad al año 2012, a la luz de la nueva ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Sin embargo, la serie de empresarios "arrepentidos" que han desfilado por el juzgado de Claudio Bonadio podrían verse impactados si sobre ellos recae un procesamiento en lo que refiere a las contrataciones, según lo establecido en el régimen bajo el Programa de Participación Público Privada (PPP). De hecho, dos de las firmas mencionadas por Carlos Wagner en su declaración sobre cartelización de la obra pública se quedaron en las últimas semanas con dos de los cuatro corredores viales adjudicados por el Ministerio de Transporte bajo esta modalidad. Cartellone y Vial Agro se alzaron con esas construcciones, más allá de tener procesos abiertos en el Registro Nacional de Constructores. Se establece en la normativa que varias de las firmas mencionadas, si el caso avanza, tampoco podrán ser subcontratistas de esos proyectos dado que sus representantes están acusados de integrar una asociación ilícita, delito contemplado entre las causales de "incompatibilidades para contratar". 

"La acción penal respecto de las personas jurídicas prescribe a los seis (6) años de la comisión del delito", señala la nueva ley aprobada en noviembre del año pasado. Esto significa que ninguna empresa sufrirá sanciones -como ser la multa de 2 a 5 veces por el beneficio indebido que obtuvo- por lo que eventualmente se compruebe de los escritos del exchofer y lo reconocido por sus ejecutivos. Contarán con casi una década de handicup (2003-2012) en caso de que las firmas tengan que responder económicamente por sanciones impuestas, dado que recién podrían contabilizar delitos a partir de ese año. Lo mismo para la "suspensión total o parcial de actividades". Aldo Roggio aseguró que la suya pagó sobornos a Ricardo Jaime hasta 2011. Hoy, además de pujar por mantener por 12 años más la concesión del subte tiene preadjudicada una obra clave para la provincia de Buenos Aires, el dragado del Río Salado por $8.200 millones, entre muchas otras. 

El artículo 3 de la ley de penalización a personas jurídicas sí complicaría a Marcelo Mindlin por la adquisición de IECSA a Ángelo Calcaterra, y su posterior conversión en SACDE, dado que la responsabilidad es trasladada a quien absorba la compañía si se comprueba algún delito como el cohecho. El primo presidencial negó sobornos en esta causa y en la que lo vincula con Odebrecht. Todo lo anterior, minimiza el riesgo para las contratistas de obra pública más allá del revoleo de delaciones. Eso sin contar que las empresas podrán realizar acuerdos de "colaboración eficaz" con el Ministerio Público Fiscal para atenuar su responsabilidad bajo estricta confidencialidad de su contenido. Será también Claudio Bonadio el encargado de definir responsabilidades. 

Donde existe un riesgo es en las incompatibilidades que se describen en la ley de PPP. Cohecho, tráfico de influencias, dádivas y exacciones ilegales, además de asociación ilícita están incluidas en los tres títulos de delitos del Código Penal que obstaculizarían que accedan a contratos. "Los procesados por auto firme" y obviamente los condenados no podrían suscribir por las obras. Es un problema a mediano plazo con la vorágine que adquirió el caso de los cuadernos. 

Isolux está suspendida por el Ministerio del Interior en el Registro de Constructores, que detalla procesos abiertos y monitoreo sobre Cartellone Esuco, Chediack y Roggio, entre otras. Todas fueron nombradas en la declaración de Wagner como las que se repartían el resultado de las licitaciones a cambio de "devolver" adelantos de obra como coima. Fontana Micastro, Marcalba, -igualmente referidas como parte del "club"- tienen contratos vigentes con el Gobierno porteño. 

José Cartellone Construcciones Civiles, fue el único adjudicatario para el Corredor Vial C (dentro del modelo PPP) por u$s801 millones. El Corredor Vial A que incluye obras en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires se adjudicó al consorcio compuesto por Vial Agro (nombrada), Paolini y la italiana INC por más de u$s1000 millones. Son los privados los que financian bajo este modelo y el estado reintegra a largo plazo. El Gobierno busca atenuar el impacto de una posible merma en esas inversiones y se desparrama el caso como una mancha de aceite y comienzan a surgir incompatibilidades con la ley que compliquen el escenario de las contratistas.