Comienzan a juzgar a Federico Sasso por la muerte de Lucía Bernaola

Comienzan a juzgar a Federico Sasso por la muerte de Lucía Bernaola

El hecho ocurrió en junio de 2017. El imputado llega con arresto domiciliario y su defensa declinó el pedido de que no sea fotografiado. Días, testigos, nuevos abogados y los detalles del debate que comienza en el TOC 1.

 

Poco más de veintiún meses después del siniestro vial en Alberti y la costa en el que Federico Sasso atropelló y mató a la adolescente Lucía Bernaola e hirió a otras personas y alejada la posibilidad de una solución alternativa, desde las nueve de la mañana comenzará en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 el juicio oral y público que tiene como eje central saber si el hecho es calificado como homicidio simple u homicidio culposo agravado.

Ese punto a decidir por los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale no es menor ya que la primera calificación propuesta tiene una pena en expectativa que va de los 8 a los 25 años. La segunda –solicitada de manera subsidiaria por el Ministerio Público Fiscal durante la elevación a juicio- contempla una pena de 3 a 6 años.

Desde las nueve de la mañana en el séptimo piso de Tribunales comenzará un debate que finalmente tendrá cinco jornadas de duración en la que desfilarán un total de 28 testigos presenciales, de parte y peritos. Si bien en la audiencia preliminar realizada a fines de febrero se barajó la posibilidad de incorporar algunas testimoniales por lectura –especialmente la de algunos testigos presenciales- eso quedó descartado.

Más allá de los imponderables que puedan surgir en el desarrollo del juicio oral y público, el viernes 15 podría clausurarse el debate y pasar a un cuarto intermedio para que -entre el lunes 18 y el martes 19 seguramente- las partes hagan sus alegatos.

Los protagonistas del debate

Si se tiene en cuenta el desarrollo de debates anteriores y por la cantidad de partes representadas en las audiencias, la sala del Tribunal podrá albergar a pocos más de veinte personas relacionadas de manera directa con la víctima y el imputado.

Además del fiscal Rodolfo Moure en el sector derecho de la sala estarán los representantes de los padres de la víctima: Maximiliano Orsini por Verónica Borelli y Marcelo Savioli Coll por Eloy Bernaola. Junto a ellos estará el abogado Mauricio Varela que patrocinará a los jóvenes Carla Ledesma y Facundo Cajal que sufrieron heridas de diversa consideración en el siniestro.

La presentación de Varela fue confirmada el último viernes y será el único de los alegatos iniciales que no hará directamente foco en la calificación solicitada por la muerte de Lucía sino que deberá versar sobre las lesiones que sufrieron los jóvenes en el mismo siniestro. El profesional planteará que esas heridas y su consecuente recuperación deben ser calificadas como lesiones culposas agravadas.

 

Sobre el lateral izquierdo de la sala, cerca de la puerta que lleva a los ascensores para bajar a la alcaidía ubicada en el subsuelo de Tribunales, estará Sasso junto al abogado Facundo Capparelli. Tras el adelanto que hizo 0223 del pedido avalado por el presidente del Tribunal para que el joven no sea filmado o fotografiado dentro de la sala durante el debate, el profesional presentó un nuevo escrito desistiendo de esa solicitud y no habrá limitaciones para la tarea de reporteros gráficos o camarógrafos.

Luego de la correcta identificación del imputado por parte de los miembros del Tribunal la primera jornada tendrá dos puntos centrales: los cinco alegatos de apertura que harán las querellas en primer término y que cerrará la defensa y los primeros testigos previstos en el orden consensuado en la audiencia preliminar del mes pasado.

En primer término lo hará Eloy “Taca” Bernaola, el papá de Lucía, y uno de los jóvenes que estaba con ella en Alberti y la costa cuando el Renault Clío fuera de control los arrolló en el sector de la vereda. Si bien en el orden figura que Verónica Borelli sea la tercera de las testigos para posteriormente poder presenciar el resto del debate, durante el fin de semana trascendió la posibilidad de que la mamá de la adolescente postergue su declaración o directamente no la haga.

 

Acerca de esa posibilidad el abogado Maximiliano Orsini le confirmó a este medio que la decisión se tomará este mismo lunes y que en parte depende de la duración que tengan los alegatos iniciales y las dos primeras declaraciones para confirmar si es una postergación o directamente Borelli prefiere no declarar.

Para el profesional el objetivo central es lograr que el hecho se califique como homicidio simple con dolo eventual y consideró que hay elementos que permitirán acreditarlo. A partir de la prueba incorporada en la causa plantearán una vez más los agravantes de la conducción bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad en que se desplazaba por la costa. A su entender el dolo eventual se resume porque sabía lo que podía pasar si manejaba en esas condiciones.

Esos puntos serán eje de la polémica durante todo el juicio ya que si bien el control de alcoholemia que se le tomó confirmó que Sasso conducía con 1,23 miligramos de alcohol en sangre –más del doble permitido por ley- la realización del mismo fue oportunamente impugnada por su defensa y serán los jueces quienes decidan la validez o no del mismo.

El agravante de exceso de velocidad –el Renault Clío se desplazaba a más de 70 kilómetros por hora- es polémico en cuanto al porcentaje de exceso permitido ya que hay dudas sobre si el máximo en la zona del siniestro era de 30 ó 60 kilómetros por hora.

Sasso llegará a debate cumpliendo arresto domiciliario en una vivienda de la ciudad de Balcarce tras la decisión que la Jueza de Garantías Rosa Frende tomó en octubre de 2017. La medida –apelada por la familia de la víctima- se hizo efectiva dos meses después cuando fue confirmada por la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías.

Con anterioridad a esa medida el joven de 21 años estuvo detenido en la comisaría de Balcarce en una medida que generó polémicas luego de que Verónica Borelli denunciara que tenía beneficios y que podía salir del calabozo de la Estación Comunal de Balcarce e incumplía lo ordenado por la justicia.

Esa denuncia dio origen a una investigación de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que terminó con la desafectación de siete policías que prestaban servicio en ese establecimiento.

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