Causa GIRSU: procesaron a Abal Medina y ratificaron responsabilidades de Aníbal Fernández y Capitanich

Causa GIRSU: procesaron a Abal Medina y ratificaron responsabilidades de Aníbal Fernández y Capitanich

La Cámara revisó un fallo que había dejado fuera de la imputación a Abal Medina. También ratificó los procesamientos de varios ex funcionarios nacionales, entre ellos Mussi.

Los ex Jefes de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Abal Medina, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich quedaron hoy todos procesados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa que investiga el dinero destinado a programas de tratamientos de basura y que no se hicieron.

 

La decisión, según transcendió, fue tomada por la Sala I de la Cámara Federal que dictó el procesamiento de Abal Medina y ratificó el de Fernández y Capitanich, además del de varios ex funcionarios de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, entre ellos, el dirigente y concejal de Berazategui Juan José Mussi.

 

En el fallo, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, indicaron que “las implicancias de las irregularidades citadas bastan para que también se ordene el procesamiento de Juan Manuel Abal Medina. Y es que este último, del mismo modo que Aníbal Domingo Fernández y Jorge Milton Capitanich, también habría perjudicado los intereses pecuniarios que le habían sido confiados en razón de la función que desempeñaba”.

 

Sucede que Abal Medina había quedado fuera del procesamiento en diciembre de 2017, cuando el juez Claudio Bonadio, había firmado las imputaciones de Aníbal Fernández y Capitanich. Pero el fiscal Carlos Rívolo apeló ese punto, al considerar que “el rompecabezas no puede reputarse completo cuando aún falta una de sus piezas centrales: Juan Manuel Abal Medina”.

 

Los camaristas consideraron que el cargo que ocupaba Abal Medina “necesariamente comprendía la supervisión de la gestión ambiental y del desarrollo” de los programas municipales y que una auditoría le alertó acerca “de la admisión indiscriminada de los pedidos formulados en el marco del programa” pero “el imputado continuó aprobando transferencias”.

 

El caso

 

Se trata de una investigación en donde se busca saber si el gobierno kirchnerista usó más de 600 millones de pesos "durante los años 2013 a 2015 para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales".

 

El gobierno implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

 

Las sospechas indicaron que el dinero se manejó discrecionalmente. Por ejemplo, los mayores recursos fueron a municipios de Chaco, la provincia de Capitanich, con un casi 30 por ciento de los recursos del programa.

 

Otra de las beneficiadas fue la ciudad de Río Gallegos, con $25.176.903. Mientras tanto, la ciudad de Buenos Aires y los municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no les enviaron nada.

 

"Solo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79 % de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentajes de residuos a nivel nacional", señaló la auditoría que dio origen a la denuncia.

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