Sobre el vencimiento del plazo de diez días hábiles establecido por el Código Procesal, el abogado Pablo Lanusse -por la madre y la hermana de Nisman- y los letrados Federico Casal, Juan Pablo Vigliero y Manuel Romero Victorica -por las hijas del fiscal- presentaron las respectivas apelaciones, con el objetivo de que sea la Corte Suprema la que, en definitiva, decida quién continuará la investigación.

En el mismo sentido, el fiscal Sáenz concretó lo que ya había anunciado en la víspera a través de la red social Twitter para que la causa vuelva a la Justicia federal, "de donde nunca debió haber salido", según expresó.

El 16 de junio pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por los jueces Mario Magariños, Daniel Morín y María Garrigós de Rébori, resolvió que la causa, que en ese momento estaba en manos del juez federal Julián Ercolini, volviera a la órbita de la magistrada de instrucción Fabiana Palmaghini.

Tanto las querellas cuanto la fiscalía sostienen que la muerte de Nisman está relacionada con su función de fiscal, y la vincularon con las amenazas que había sufrido dos años antes del deceso, con la investigación por el atentado contra la AMIA y, sobre todo, con la denuncia por encubrimiento por parte del anterior gobierno a los iraníes acusados por aquel ataque.

Sin embargo, para la Casación no hay elementos que permitan inferir que Nisman esté muerto por su condición de fiscal y en relación con su función, y por eso consideró prematuro la intervención del fuero federal.

La querella de las hijas de Nisman advirtió que el regreso de la investigación al fuero ordinario es "un caso de gravedad institucional e irrazonabilidad judicial".

"Pretendemos que la Corte Suprema deje sin efecto la decisión recurrida, disponiendo la incompetencia para que el fuero federal continúe de inmediato con el trámite, en base a declarar que la Cámara de Casación valoró con irrazonable estrictez la prueba reunida, que no permitía descartar un posible delito federal, violando la garantía al debido proceso y obstruyendo la defensa del interés federal, la inviolabilidad de defensa del derecho a la verdad", sostuvo en el recurso extraordinario.

Añadió que "si la muerte se hubiera producido por alguna razón vinculada a su función como fiscal federal, se aplicaría la tradicional doctrina de la Corte sobre autoridad ejercida en nombre de la Nación".

"La situación está asociada a la política exterior de la nación por las consecuencias de la posible vigencia del entendimiento con Irán para la investigación de un atentado que enfrenta el problema internacional del terrorismo y su posible vinculación con acuerdos en materia nuclear", insistió.

Además, los abogados de las hijas de Nisman pidieron "dejar de lado cualquier obstáculo formal para su admisibilidad y a la vez excitar la competencia federal por razón de la persona y la materia", esto es la calidad de fiscal federal de Nisman.

El trámite procesal que sigue establece un primer paso, que es la declaración de "admisibilidad" (o no) del recurso extraordinario, para habilitar la intervención automática de la Corte Suprema para tomar la última decisión.

Si la Casación, en cambio, considerara que el recurso extraordinario es "inadmisible", las querellas y la fiscalía pueden llegar igual hasta la máxima instancia judicial pero por vía del "recurso de queja", con menos posibilidades de revisión por las características del caso.

El fiscal Ricardo Sáenz presentó un recurso extraordinario ante la Corte para que el caso Nisman vuelva a la Justicia Federal

El Fiscal General ante la Cámara Criminal y Correccional, Ricardo Sáenz presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para el caso sea investigado por la Justicia Federal.

En el escrito, Sáenz sostuvo "entiendo que en la causa objeto del presente recurso extraordinario la gravedad institucional, prácticamente, salta a la vista. Se trata de la muerte violenta de carácter político (de lo cual no tengo duda) más importante e impactante en la sociedad, de este período democrático ininterrumpido que comenzara en 1983."

Agregó que desde el año 2004 el fiscal Alberto Nisman fue titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la sede de la AMIA, el mayor acto terrorista sufrido por nuestro país, que causó la muerte de 85 personas y cientos de heridos.

Asimismo el fiscal Sáenz afirmó que "jamás existió la menor duda de que era la justicia federal la que debía investigar este grave delito".

La presentación puso de relieve que el trabajo que llevó adelante Nisman al cabo de un par de años le permitió imputar a algunos integrantes del gobierno de Irán, además de los ciudadanos libaneses, y "logró que el nuevo juez de la causa ordenara las declaraciones indagatorias, y luego las capturas nacionales e internacionales, y las llamadas "alertas rojas", gestionando en persona esta última medida ante la Asamblea de Interpol en Francia".

Sáenz destacó además que "no acaba allí la importancia de la muerte del Fiscal Nisman. El día 14 de enero de 2015, mi colega radicó una denuncia judicial contra la entonces Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el ex Canciller Héctor Timerman, entre otros, por el presunto encubrimiento del ataque terrorista que venía investigando desde hacía poco más de 10 años. En esas circunstancias, cuatro días después aparece muerto en el baño de su casa con un balazo en la cabeza (víctima de un homicidio a mi juicio), y no resulta un dato menor que al día siguiente a ser hallado sin vida debía exponer ante el Congreso Nacional los fundamentos de tan grave imputación".

"Realmente pretender pasar por alto la denuncia que había realizado el Fiscal Nisman cuatro días antes de ser descubierto muerto en su casa, violenta el sentido común", afirmó Sáenz.

En otro tramo de la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Fiscal General señaló que es necesario resaltar que la decisión de la Cámara de no asignar al caso la competencia federal viola el principio de identidad ya que se niega la participación de un tercero en la muerte de Nisman y, al mismo tiempo, se admite el recurso de Casación de ese tercero en el hecho. En ese sentido, agregó que Diego Lagomarsino, quien está incorporado al proceso por entregar a Nisman, según sus dichos, el arma que le causara la muerte, en el domicilio donde ésta se produjo, y horas antes de la muerte. "¿Cómo afirmar sin incurrir en arbitrariedad, que Diego Lagomarsino (de él se trata) no es un tercero vinculado directamente a la muerte de Nisman?" se pregunta Sáenz. Y agrega "el imputado Lagomarsino (no indagado aún) por este delito menor, por llamarlo de algún modo, ES el tercero que la Cámara de Casación pretende que no ha existido".

También cuestionó el razonamiento de la Cámara de Casación respecto de que no existía conexión entre las amenazas sufridas por el fiscal Nisman y su muerte. "Esta afirmación violenta el sentido común de cualquier ciudadano argentino (y mucho más allá) medianamente informado", sostuvo el Fiscal General.

Ante la posibilidad cierta de que la Procuradora Alejandra Gils Carbó se oponga al recurso y desista de él, Sáenz le pidió a la Corte Suprema que revise la resolución de la Cámara de Casación y resuelva remitir la investigación por la muerte de Alberto Nisman a la Justicia Federal.