Por: Nelson Castro

Todo –la militarización perimetral del Congreso, los grupúsculos de violentos munidos de piedras y palos, la represión descontrolada de la Gendarmería, la conducta patoterildel diputado de Unión Ciudadana Leopoldo Moreau y compañía, el descontrol del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó– fue bochornoso. El clima de violencia que se vivió en la tarde del jueves pasado está en consonancia con un germen de intolerancia que se ha instalado en un porcentaje creciente de la sociedad argentina. Las imágenes de la Plaza Congreso y sus adyacencias,  transformada en un verdadero campo de batalla, tuvieron reminiscencias de aquellas otras del trágico diciembre de 2001.

El Gobierno cometió errores garrafales en la forma como manejó el trámite que desembocó en la fallida sesión de la Cámara de Diputados. A ese error lo llevó el apuro con que quiso aprobar este controvertido proyecto de reforma previsional que, en verdad, es otro ajuste. La realidad de los jubilados ha sido y es penosa para la mayoría de sus “beneficiarios”.

El pago de esos haberes representa más del 40% del presupuesto nacional y su sustentabilidad es cada vez más compleja porque la relación trabajador activo/jubilado está desfasada. Por eso, a lo largo de los años, las reformas jubilatorias se suceden enmascaradas con discursos que hablan de mejoras que nunca llegan. La dirigencia política vernácula no ha tenido, a lo largo de estos 34 años de democracia, la capacidad de estudiar el problema en profundidad y establecer soluciones consensuadas, posibles y permanentes. La consecuencia de esto es un grotesco que no hace más que ahondar el drama de la clase pasiva.

Antecedentes. En octubre de 2010, el conjunto de la oposición encabezada por los legisladores  de Unión-PRO aprobó un proyecto que establecía el reconocimiento del ya legendario 82% móvil para el pago de las jubilaciones. La respuesta de la entonces presidenta no se hizo esperar: “He vetado esta ley de quiebras que ayer sancionó el Parlamento” (...) “Lo que se sancionó, es la ley de quiebra del país y no puedo permitir que el Estado quiebre porque tengo una ley que me obliga”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner al justificar su veto.

Se da ahora una situación exactamente inversa: el oficialismo, integrado por muchos de los que en 2010 eran opositores, habla de una modificación del cálculo de haberes de las jubilaciones mínimas so pena de que el sistema es insostenible y la oposición, en la que el kirchnerismo ha hecho punta, lo niega. Lo que pasó el jueves en el Congreso fue el resultado de una trama política compleja de acuerdos débiles entre el gobierno nacional y los gobernadores del peronismo.  

En el entorno de los diputados del PRO insistían y repetían la misma versión: “Teníamos el quórum. Un sector de la oposición fue decidido a generar disturbios; a producirlos dentro y fuera del recinto para lograr el levantamiento de la sesión”. Los aludidos por el oficialismo son el FpV, la izquierda y el Movimiento Evita.

En sectores críticos de la UCR fueron duros con las espadas del PRO. “Cuando no tenés una mayoría parlamentaria como tuvo el kirchnerismo en gran parte de sus mandatos, no podés intentar hacer jugadas como ésta. Hicieron kirchnerismo embriagados por el resultado electoral. No supieron interpretar lo que el proyecto generaba en la calle en un tema tan sensible como sacarles plata a los que menos tienen, y del otro lado, la respuesta fue la barbarie. Le dieron al FpV y a la izquierda todo lo que necesitaban para generar lo que se generó. Pero no le podés echar toda la culpa a la oposición si tu visión de la realidad tenía vicios de miopía”, señalaba una voz radical que no fue escuchada en el Gobierno.

En la cúpula del poder hubo un enojo casi transitivo: el Presidente estaba furioso con los gobernadores y estos, a su vez, lo estaban con sus diputados. Hubo traiciones explícitas. Muchos diputados no soportaron la presión de la calle. Eso se notó cuando el quórum se sostenía de manera intermitente. “Nadie dejaba el culo pegado en la silla por más de tres minutos” –graficó un funcionario que vivió el minuto a minuto de lo que pasó en el recinto de los diputados.

El lunes el Congreso tendrá una segunda oportunidad. A decir verdad será la prueba de fuego para volver a testear lealtades y acuerdos. Hay quienes sostienen que de obtener un nuevo fracaso parlamentario la riesgosa apuesta del DNU vería la luz.

Luego de la reunión del viernes con los gobernadores en la que participaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; su par de Hacienda, Nicolás Dujovne; el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Pe-ppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego), la calma pareció volver a las filas del oficialismo.

¿Qué ocurrió?¿Por qué el cambio? Algunas de esas provincias necesitan del acuerdo con el Gobierno y de las reformas pactadas y, por supuesto, la llegada de obras y financiamiento. Se dice que el trato fue duro, pero cordial y quienes conocen las cuentas provinciales no dudan de que la billetera del Gobierno logró zanjar las diferencias. Salta, por tomar un ejemplo, cerrará el año con un déficit superior a los 4 mil millones de pesos. Sus pares del norte no están mucho mejor.

El Presidente tiene una deuda de gratitud con Elisa Carrió, quien tuvo un rol clave en todo este penoso episodio para evitarle al oficialismo males mayores. De todo lo por ella hecho, lo más trascendente fue el tuit en el que le advirtió el carácter inconstitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia que, de haberse promulgado, habría significado el fin de Cambiemos y una grave crisis de sustentabilidad para el gobierno de Mauricio Macri.