"Mantener a los obispos cuesta $130 millones por año". Aunque los datos no eran novedad, los números que detalló Marcos Peña en marzo pasado sobre cómo el Estado financia a la Iglesia instalaron un debate al respecto. Ahora, algunos meses después, las autoridades eclesiásticas parecen comenzar a aceptar que deben resignar parte del dinero que reciben del erario público.

El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dejó trascender ayer que se iniciaron negociaciones con el Gobierno para comenzar a resignar, gradualmente, los fondos que el Estado le transfiere a la Iglesia.

En este marco, ya se conformaron dos equipos técnicos ad hoc, del Gobierno y de la Conferencia Episcopal. El del Ejecutivo lo encabeza Alfredo Abriani, el Secretario de Culto que reemplazó hace poco más de 20 días a Santiago de Estrada, y que es del riñón de Marcos Peña.

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En paralelo, la Casa Rosada hizo un guiño para no complicar más la relación con la Iglesia, que ya está dañada: Macri frenó las incorporaciones en el Código Penal referidas a la despenalización del aborto.

(Presidencia)

Como ya había destacado Marcos Peña meses atrás, se trata de cifras no menores en un contexto de ajuste económico. Las asignaciones de los Obispos ascienden a poco más de $130 millones, según el Presupuesto 2018, y comprende a obispos diocesanos -con una remuneración de $46.800-, obispos auxiliares -$40.950-, obispos eméritos-$40.950- y administradores apostólicos y diocesanos -$46.800-.

Ya se mantuvieron tres reuniones de los equipos para comenzar a evaluar la quita gradual de las transferencias del Estado. Antes había ocurrido un primer encuentro entre el vicejefe de Gabinete Mario Quintana y el obispo Carlos Malfa.

En la Casa Rosada aseguran que se están evaluando "cuatro o cinco" alternativas para efectivizar la medida. Y que representa un cambio de paradigma en el que ganan tanto la Iglesia como el macrismo. Una de las posibilidades propondría mecanismos para que los fieles católicos contribuyan en el financiamiento de su credo.

Finalmente, durante estas primeras reuniones se acordó que, al menos por ahora, no se verán afectados los subsidios que el Estado otorga a sacerdotes en zonas vulnerables, ni la asistencia a instituciones católicas a través del área de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social, del ministerio de Desarrollo Social.