Ricardo Echegaray es el gran ausente en el juicio oral y público contra Amado Boudou . No se trata sólo de que no está en el banquillo de los acusados, sino que las pruebas vinculadas con la actuación de la AFIP en la causa se quedaron con él y su ausencia puede perjudicar a los encargados de acusar y beneficiar a los acusados.

Boudou está imputado de negociaciones incompatibles con su función y cohecho. Para la acusación, se interesó en beneficiar a Ciccone y se quedó con la imprenta, a cambio de salvarla de la quiebra pedida por la AFIP. En el juicio debe responder el jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, como el gestor del acuerdo que favoreció a Boudou. Su jefe, Echegaray, sigue investigado, fue indagado por el juez Ariel Lijo y nunca se resolvió su situación procesal.

La ausencia de Echegaray en el juicio favorece a Boudou, al punto de que su abogado Eduardo Durañona pidió ayer en el comienzo del juicio que se anule todo porque su caso está conectado con el que tramita en primera instancia en el juzgado de Lijo. Allí, el fiscal Jorge Di Lello y la Oficina Anticorrupción pidieron la indagatoria de Echegaray. Lijo la dispuso para el 26 de octubre de 2016 y la tomó en febrero pasado, pero aún no decidió si procesarlo o sobreseerlo.

El pedido de nulidad del abogado de Boudou para conectar el caso del juicio con la causa contra Echegaray ya fue rechazado por el tribunal, pero una particularidad le devuelve la fe al ex vicepresidente: dos de los tres jueces (Pablo Bertuzzi y Néstor Costabel) dijeron que son expedientes diferentes y que no hay doble persecución penal contra Boudou, pero la tercera jueza, María Gabriela López Iñíguez, le dio en parte la razón. Dijo que el caso contra Boudou en juicio se trataría del mismo caso contra Echegaray que tiene Lijo.

Esta cuestión es una granada sin espoleta que amenaza con dinamitar todo. "Es una hipoteca, un problema para el juicio", se sinceró una fuente vinculada a la Oficina Anticorrupción, uno de los acusadores. Los otros son la Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalía de Marcelo Colombo.

En la fiscalía se discutió sobre la ausencia de Echegaray. Concluyeron que no perjudicaba a la acusación, pero ante estos planteos, hubieran querido evitar el escollo.

La ausencia de Echegaray tiene otra consecuencia: Resnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, pedirá el martes que el juicio se suspenda. Sus abogados se defenderán con el expediente administrativo mediante el cual Ciccone obtuvo beneficios impositivos para su deuda. La última firma de ese expediente es la de Echegaray. Luego apareció en el expediente una escritura manuscrita donde da marcha atrás.

El 18 de noviembre de 2010 Echegaray dio su visto bueno al plan para beneficiar a Ciccone con una moratoria de 20 cuotas anuales, con una quita del 75%, como había pedido la empresa. Luego agregó, a mano, en la foja 66: "Ajústese a la resolución 970". Así consta en las dos copias de la disposición -una sin y otra con ese agregado-, a las que accedió LA NACION. La resolución 970 establece los parámetros para que una empresa concursada obtenga una moratoria de 96 cuotas mensuales, un plan menos conveniente que el que originalmente había solicitado la empresa y que ni Echegaray, ni sus colaboradores, ni Boudou habían evaluado hasta ese mismo momento.

Esa jugada dejó mal parado a Resnick, que es a la postre el que aparece en los papeles que quedaron como el mayor impulsor del plan de pagos.

En su defensa, el jefe de asesores no se hundirá solo y apuntará a quien era su superior. De hecho, se investiga si esa actuación posterior de Echegaray donde neutraliza los beneficios que otorgaba el expediente administrativo es contemporánea con la decisión, o si fue inserta con posterioridad.

Estas cuestiones se discutirán en el juicio que se realiza en el subsuelo de Comodoro Py 2002, pero al mismo tiempo tendrán consecuencias tres pisos más arriba, en la causa contra Echegaray que aún tiene en su despacho el juez Ariel Lijo.