LUIS BADILLA - FRANCESCO GAGLIANO

Joaquín Hernández Sifuientes es el último de los sacerdotes asesinados en México. Había desaparecido el 3 de enero en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y nueve días después su cuerpo fue encontrado con otros dos cadáveres en Parras.

Según la policía local, el sacerdote fue estrangulado, probablemente poco tiempo después del momento de su desaparición. El año pasado en México otros tres sacerdotes fueron ajusticiados casi con la misma modalidad: secuestro, desaparición y asesinato. En total, en los últimos cuatro años han sido asesinados 16 sacerdotes, y desde 2006 hasta la fecha, 37. En los últimos 27 años, de 1990 a la fecha, los sacerdotes asesinados han sido 44. El Siame, Sistema de Información de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, y el Ccm, el Centro Católico Multimedia, en sus investigaciones, han documentado una situación alarmante para el clero mexicano, en particular diocesano: homicidios, secuestros, torturas, extorsiones, profanaciones de lugares de culto, amenazas de muerte y agresiones o intimidaciones de diferente índole.

Misterios, mentiras, miedos y silencios

Estos son los elementos básicos de un dato que ha sido confirmado incontrovertiblemente por muchas investigaciones, incluso de periódicos: México, desde hace varios años, es el país más peligroso del mundo para los sacerdotes y, en general, para los agentes pastorales. Alrededor de esta especie de «maldición» es posible identificar una serie de consideraciones que complican la cuestión debido al tejido de mentiras, silencios, despistes, venganzas, miedos, chantajes e intimidaciones anticlericales.

En el asesinato de todos estos sacerdotes, incluido el padre Hernández Sifuentes, la última víctima de la larga lista, el guión se ha repetido con precisión casi mecánica. Cambian los nombres de las víctimas, pero el «modelo», corregido y aumentado, es cada vez más eficiente.

Está claro que parece que los autores intelectuales de estos asesinatos de sacerdotes, casi nunca identificados, han descubierto un método criminal que recuerda al de «golpear a uno para educar a cien».

A menudo las víctimas elegidas han sido sacerdotes con un arraigo importante en el territorio y con grandes dotes de comunicación, casi siempre comprometidos en la denuncia y en la condena de la criminalidad, que es endémica en muchas regiones del país. Personas, pues, muy comprometidas en la pastoral social con gran capacidad de movilización, capaces de poner en marcha, con una fuerte participación ciudadana, proyectos de promoción humana y, al mismo tiempo, capaces de organizar y dar voz a las protestas en contra de las injusticias, los abusos y la contaminación de las investigaciones que las organizaciones criminales imponen a las comunidades rurales y en las ciudades (a menudo con el visto bueno y con la corrupción del ese mismo poder que debería proteger a los ciudadanos) por los intereses de ese monstruo que está devorando a México: el narcotráfico.

Una vez identificado el objetivo, los criminales mexicanos privilegian el secuestro, antecámara del homicidio, porque saben que pueden obtener beneficios también con la desaparición de la víctima y, en esta fase del plan criminal, pueden contar con curiosos apoyos de la prensa. Como se sabe, pocas horas después de la noticia del secuestro de un sacerdote llegan casi por descontado los artículos que siembran las dudas de siempre en la opinión pública: las razones de tal desaparición tal vez están relacionadas con cuestiones sentimentales; la víctima era el blanco de chismes por algunos de sus comportamientos sexuales; era un pederasta; gastaba el dinero de las ofrendas apostando; en su vida pasada hay pasajes poco claros y un oscuro pasado ha vuelto para exigir el pago de la factura…

El año pasado, en un caso que fue muy sonado en la prensa, los medios más importantes incluso difundieron un video en el que, decían, se «ve salir al sacerdote desaparecido de un hotel en compañía de un muchachito» con el que habría pasado la noche. Cuando el señor del video, que obviamente no era el sacerdote secuestrado, se presentó a la policía para declarar que el niño era su hijo, ninguno de los medios tuvo el más mínimo interés en desmentir la mentira y la calumnia. Y nunca ha pasado que sobre estas víctimas, todavía desaparecidas o muertas comprobadas, calumniadas en la prensa con todo tipo de infamias, o, en el mejor de los casos, con conjeturas fantásticas y sensacionalistas, haya habido después un desmentido, una corrección o una precisión.

Lo que está sucediendo en México con el asesinato de sacerdotes es cada vez más evidente, y lo sostienen todos los analistas de los centros de estudios más serios y relevantes: en este país las diferentes formas y organizaciones del narcotráfico, cárteles y formas de micro criminalidad, han declarado la guerra a esa parte de la Iglesia católica, sobre todo a los sacerdotes, que denuncia y contrarresta sus intereses criminales. Lo sostienen desde hace años y en diferentes informes el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, además de los principales centros internacionales y regionales que monitores la realidad mexicana.

Los comportamientos de contubernio con los criminales

Que esta sea la situación no parece ser una opinión compartida amplia y convencidamente, sino todo lo contrario. En general, las autoridades gubernamentales federales y estatales, tratan de disminuir la gravedad de estos hechos, y no pocas veces altos funcionarios contribuyen a crear mayores confusiones, a despistar las investigaciones, o matar por segunda vez a la víctima con el terrorismo de los chismes.

Parecería que la palabra de orden sea siempre y toda costa «minimizar», con cualquier medio y, sobre todo, criticando las estadísticas; así, con técnicas mediáticas denigradoras o del silencio, estos crímenes del narcotráfico se transforman en «tristes y deplorables» asuntos de crónica negra, fruto de peleas casuales, robos con violencia que acabaron mal o asuntos exquisitamente privados. Mientras tanto, obviamente, el crimen organizado calla: no reivindica nunca nada, hace finta de ser ajeno a los hechos o, peor, cuando puede hacer que circulen rumores escandalosos contra los asesinados lo hace con enorme entusiasmo y seguridad, apoyándose en esa parte del tejido social contaminado y que convive con el narcotráfico. En diferentes casos se han visto, días después de los secuestros o durante las investigaciones, muchos «testigos» que ofrecen sus declaraciones sobre el desaparecido con el claro objetivo de denigrar su figura y su obra, como si quisieran sentenciar: si lo secuestraron, habrá habido alguna razón.

El análisis de la Iglesia mexicana

Sin embargo, sorprende que la misma Iglesia católica en México, al respecto, tenga una conducta singular y ondulante. Las numerosas declaraciones que muchos obispos han dado a lo largo de estos años tienen el común denominador de una preocupación general: la de no hacer que pase la idea de que tras tantos crímenes haya una persecución religiosa, juicio que seguramente es verdadero y correcto. En la maravillosa historia de la Iglesia católica mexicana hay un pasado, terrible y lacerante, de persecución y esta memoria dolorosa a menudo condiciona muchas de sus conductas En esta comunidad eclesial siempre ha estado vivo el temor de volver a vivir situaciones semejantes y, por lo tanto, instintivamente, tiende a alejar el fantasma de nuevas persecuciones. Es por ello que frente a esta especie de hecatombe de sacerdotes la jerarquía sea perentoria: no hay ninguna persecución religiosa. Como se dijo antes, sí, sustancialmente se trata de un juicio verdadero, pero…

Está claro que no se trata de acciones criminales «in odium fidei» y que, por lo tanto en este sentido, no sería correcto hablar de persecución religiosa. Pero también está claro, y es indiscutible, que los sacerdotes mexicanos se han convertido desde hace años en blancos específicos del narcotráfico, y por ello la Iglesia no puede ser reductiva en sus consideraciones y análisis. Esta forma de razonar puede provocar confusión y no es educativa, además de que puede ser incluso injusto para con los que han perdido la guerra en esta guerra subterránea.

El padre Alfonso Miranda Guardiola, responsable de la comunicación de la Conferencia Episcopal de México, declaró en octubre del año pasado en el que fue su primer encuentro con la prensa: «No vemos ninguna persecución abierta contra los sacerdotes como si fueran un blanco. Para nosotros son hechos que deben incluidos en el clima social que vive el país», y en este clima «los sacerdotes no son inmunes, son como cualquier ciudadano. Como Iglesia, debemos estar atentos y prepararnos para saber cómo tratar este clima, puesto que los sacerdotes se encuentran en todos los rincones del país, incluyendo esos en donde existe la máxima violencia y en donde hay una presencia del crimen».

Se comprende bien el sentido último de las palabras del padre Miranda, en particular cuando, sin decirlo explícitamente, relaciona, justamente, la suerte de los sacerdotes mexicanos con la del pueblo que también está involucrado en el martirio. Pero hay algo que convence un poco menos, y es que los sacerdotes de esta nación no son un objetivo específico de la violencia que azota al país. Algo indican los números de las estadísticas y no se puede evitar sacar conclusiones, por lo menos en relación con la pastoral de la Iglesia que en la defensa de la dignidad humana de cada mexicano se le acerca, con audacia profética y valentía evangélica, en las fronteras del crimen. Es cierto que las víctimas no fueron ajusticiadas solo porque eran sacerdotes, pero también es cierto que fueron ajusticiadas porque eran fieles a su ministerio y a su misión.