La ex mandataria comparecerá como testigo, en su condición de ex integrante de la desaparecida Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados a la Embajada de Israel y la Sede de la AMIA, y pese a haber sido denunciada por el fallecido Alberto Nisman, entonces a cargo de la Unidad Fiscal, por proteger a los imputados iraníes como autores ideológicos de este último ataque terrorista.

Fue acusada de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con la República Islámica, junto con su canciller, Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado y el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando Esteche.

La del lunes se prevé una declaración muy extensa, en la cual Fernández de Kirchner seguramente reiterará sus dichos en el juicio oral anterior, sustanciado entre 2001 y 2004, y no se descarta un pedido del destituido juez Juan José Galeano de carearse con ella.

En esa ocasión, el 4 de diciembre de 2003, la entonces senadora y primera dama se dedicó a cuestionarlo y a su presunta negativa a investigar la “pista siria” y apuntó contra el ex mandatario Carlos Menem, al señalar que en la Bicameral “aleteaba el espíritu” de cierta relación con el atentado, pero sin imputaciones.

También recordó que la desaparecida Secretaría de Inteligencia de Estado depende del Presidente y que un hermano de éste, Munir, habría llamado al entonces juez para pedirle por el sospechoso empresario descendiente de sirios Alberto Jacinto Kanoore Edul.

En cambio, Fernández de Kirchner no pudo recordar qué se dijo en las declaraciones tomadas por la comisión, como la del ex jefe de la Policía bonaerense Pedro Klodczyk (habría dicho que Juan José Ribelli, sobreseído como cabecilla de la “conexión local”, sería un “pícaro” capaz de haber entregado la camioneta-bomba por plata), ni si los fiscales Mullen y José Barbaccia reconocieron que Ana María Boragni, entonces concubina del último poseedor conocido de la Trafic, Carlos Telleldín, no estaba imputada por un pacto entre el principal detenido y el juez.

Finalmente, dijo que no apoyaba el crédito que le habían dado sus compañeros a los dichos del múltiple homicida Ramón Solari, quien aseguró que lo habían preparado en la Brigada de Investigaciones de Vicente López para adjudicarse el atentado por orden de Ribelli.