Alejandro Rúa, defensor del ex canciller Héctor Timerman, solicitó ayer, lunes, a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que “deje sin efecto” la audiencia de exposición de argumentos del lunes sobre la pertinencia de la apertura de la denuncia del fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, contra los ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado y el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando Esteche, por encubrimiento por favorecimiento personal agravado de los imputados iraníes como autores ideológicos de ese ataque terrorista, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con Irán.

Según el letrado, la convocatoria es “contraria” a previsiones legales por la “inobservancia” de los diez días de plazo, lo cual “perjudica la debida intervención, representación y asistencia” de su cliente. 

Asimismo, pidió que se rechace la calidad de querellante de la DAIA e insistió con que el caso debe tramitar en la Sala II, como otros relativos al atentado, en la cual espera no tener el resultado adverso que los pasillos tribunalicios le auguran con los jueces subrogantes Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y más allá del eventual apoyo de Ana María Figueroa. 

Muerte de Nisman

Por otra parte, el fiscal federal Eduardo Taiano, que investiga la sospechosa muerte del entonces responsable de la investigación del atentado a la AMIA, Alberto Nisman, pidió que la Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC) de la Corte Suprema colabore con la Gendarmería en el entrecruzamiento telefónico entre las líneas del fallecido funcionario, su empleado informático Diego Lagomarsino y los custodios asignados a su domicilio en Puerto Madero entre el 12 y el 19 de enero de 2015, un día después del hallazgo del cadáver en el baño de su departamento. 

En tanto, hubo reuniones entre la Procuración General y el Ministerio de Seguridad tras un informe de Gendarmería sobre la vulnerabilidad que presenta la oficina donde funciona la fiscalía a cargo del tema, sita en Avenida de Mayo 179, la cual no tiene sistema de alarma ni filmación y cuenta con cerrojos débiles en las ventanas.