El objetivo del presente informe es localizar, desclasificar, procesar y acondicionar nuevos elementos documentales situados en diferentes acervos del Estado y en otros lugares del mundo.

El informe, que fue suscripto por los cotitulares de la Unidad Fiscal Roberto Salum, Leonardo Filipini y Santiago Eyherabide, describe las medidas impulsadas por la fiscalía especializada durante el 2016 y la primera mitad de 2017 para la desclasificación de materiales reservados o secretos y, de esta forma, completa la publicación del año pasado sobre "El Proceso de Desclasificación de Información Reservada o Secreta sobre el Atentado de 1994 y su Encubrimiento".

Aquel informe publicado en octubre de 2016 ofreció una sistematización de las medidas que ordenaron desclasificar la información en poder de agencias estatales a lo largo de más de una década. Este nuevo aporte presenta las cuestiones pendientes en materia de desclasificación —incluso luego del dictado del decreto 229/2017— y da cuenta de las solicitudes de la UFI AMIA entre 2016 y junio de 2017.

El documento describe en detalle el estado actual del proceso de desclasificación, los requerimientos formulados a la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE), al Poder Ejecutivo Nacional, al Congreso de la Nación y a estados y ministerios públicos extranjeros y las novedades y problemáticas que trajo el decreto 229/2017.

Los fiscales explican en su informe que la investigación "está atravesada por una tensión entre el interés estatal en preservar el carácter confidencial de ciertos tramos de sus actividades de inteligencia, la publicidad exigida por la judicialización y el derecho de las víctimas, familiares y de la sociedad en general a conocer la verdad". A esa situación, indican, se suman los problemas propios de este caso, como la desaparición de pruebas, el mal estado de conservación de los materiales y la participación de agentes de inteligencia y de las fuerzas de seguridad en una trama ilícita durante la pesquisa.

En este contexto, trabajan para "completar el registro de los fondos documentales y ampliar las posibilidades de aprovecharlos". A esas tareas de búsqueda se añade el esfuerzo para su catalogación y acondicionamiento para facilitar la búsqueda y preservación. Esa labor está en manos del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD), que trabaja desde junio de 2015 en el ámbito de la Unidad Fiscal.

En efecto, las tareas realizadas en este sentido durante 2016 propiciaron -entre otros avances- la identificación de la víctima número 85, Daniel Augusto Jesús,una respuesta a "elementales demandas de verdad", expresan los fiscales.

"La labor dirigida a ampliar el acceso, junto a la tarea de sistematización y optimización del manejo de la información, forman parte de una estrategia prospectiva que busca aportar una mirada plausible al curso de la investigación, vistas las condiciones de su desarrollo y el tiempo transcurrido, y apuntalar la marcha de los procesos por irregularidades así como a preparar la tarea ante posibles escenarios futuros", señalan Salum, Filippini y Eyherabide en las conclusiones del informe, y en ese sentido indican: "La UFI AMIA mantiene su solicitud de cooperación para ubicar, relevar y acceder a estos materiales y reitera su disposición a colaborar con todas aquellas agencias estatales para encarar este proceso".